Arlene Moreno rechaza exigencia del Fiscal sobre detalles de sesión privada

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Arlene Moreno Maciel, declaró que el Fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, no tiene facultades para exigir explicaciones al Poder Legislativo.

Esto sobre lo ocurrido durante la sesión privada en la que se rechazó el dictamen para crear una comisión instructora cuya función era analizar el desafuero de dos funcionarios.

Señaló que la información que solicita se encuentra disponible a través de la Unidad de Transparencia, instancia responsable de atender este tipo de requerimientos.

Moreno Maciel explicó que su obligación legal es notificar al fiscal sobre el resultado de la sesión, sin que eso implique rendir cuentas sobre la actuación de los legisladores.

“Me parece mucho protagonismo del Fiscal Anticorrupción, pidiendo que se le rindan cuentas cuando yo le mandé el oficio avisándole que no pasó el dictamen, que esa es mi obligación. Mi única obligación como presidenta del poder legislativo es mandarle la notificación de que no se cumplió o de que el dictamen no pasó, por lo tanto no se crea la comisión instructora. Ni yo ni nadie más tiene por qué darle explicaciones. Él no es nuestro jefe”, expresó Moreno Maciel.

En relación con los motivos de su voto en contra del dictamen, precisó que este no cumplía con los requisitos legales para poder avanzar hacia la formación de una comisión instructora.

“Desde mi punto de vista estaba hecho a modo. No sé si para afectar, no sé. Yo no sé si fue un error de los asesores de no checar la situación de cumplir con los siete rubros. Yo no voy a enjuiciar a nadie ni decir que alguien está mal o alguien está bien. Yo simplemente vi el dictamen, leí el dictamen y voté en el sentido en el que yo consideré que el dictamen le hacían falta elementos”, explicó Moreno Maciel.

Detalló que la sesión del 10 de abril se realizó conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, el cual establece que las sesiones deben ser privadas cuando se trata de acusaciones contra diputadas o diputados.

Añadió que la votación por cédula secreta fue decidida por el pleno, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 160. En esa sesión participaron 15 legisladores, de los cuales nueve votaron en contra del dictamen, siete a favor y uno se abstuvo.

La solicitud de desafuero contra la diputada Alondra Torres García y el subsecretario de Enlace Legislativo, Ariel Castro Cárdenas, fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 21 de marzo, como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos por más de 14 millones de pesos durante la administración de Óscar Leggs Castro en Los Cabos.

La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia propuso crear una comisión instructora para evaluar la procedencia del desafuero, pero la propuesta fue rechazada por mayoría, cerrando el trámite legislativo.