Atentado a los derechos humanos

Otra raya más al tigre para el Congreso de Baja California Sur.

No obstante el retraso en varios asuntos legislativos y otros que siguen en la congeladora por conflictos internos que aún no se resuelven porque no ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia, se suman decisiones erróneas como las diversas modificaciones a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado que presentaron al pleno los diputados Petra Juárez Maceda y Homero González Medrano a solicitud de Edgar Alan Loubet Villanueva (Dirigente del movimiento Frente por la Familia Natural) lo cual fue votado a favor por la mayoría de diputados y posteriormente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Este hecho que fue no fue sometido a consulta por los afectados sino más bien se aprobó de manera silenciosa, como ha sido el actuar del Movimiento Frente por la Familia Natural, fue considerado por los defensores de los derechos humanos en el estado como una acción totalmente violatoria a los derechos humanos.

Ante este hecho, los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Charlene Ramos Hernández, Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, Silvia Florencia García Islas y Alberto Torres Alfaro promovieron ante el Juzgado de Distrito un amparo indirecto contra la aplicación de las modificaciones realizadas por el Congreso del Estado a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur que desaparece sus facultades como órgano de control de la Comisión.

Los comisionados explican en el recurso interpuesto, que con las modificaciones realizadas los legisladores desaparecieron las facultades que los consejeros tenían como órgano de control del plan de trabajo, presupuesto, cuenta pública y evaluación de visitadores de la Comisión, lo que trasgrede el espíritu inicial de la creación de los consejeros como contralores sociales ya que ahora la nueva Ley sólo los contempla como “órgano consultivo” con opinión “opcional” para la toma de decisiones dentro de la Comisión.

Las modificaciones incluso incluyeron la negativa a los consejeros de dar a conocer a las víctimas la información de las irregularidades de las que tengan conocimiento al interior de la Comisión y difundir cualquier información de la misma.
Con ello, señalan, los diputados otorgaron plena libertad de acción y decisión al presidente de la Comisión Estatal, en este caso Elías Camargo.

Ante tal situación, los consejeros en agosto del presente año promovieron un amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito contra el Congreso del Estado y contra el Gobierno del Estado para que no se ejecuten las citadas modificaciones a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, toda vez que suponen un retroceso en la transparencia de los órganos públicos del estado.

Con esa iniciativa el Congreso del Estado le quita a los consejeros facultades de control y verificación del trabajo de la institución a nivel interno y a las visitadurías a los consejeros que son representantes ciudadanos, y que su labor precisamente es permitir la transparencia y asegurar que haya un buen desempeño en el control del presupuesto y en la atención a las quejas de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el estado.

Los legisladores quitan esas facultades y dejan el actuar de estos consejeros como simple adorno y dejan al presidente de la CEDH con facultades totalitarias, lo que es considerado por los propios consejeros como severo retroceso a los derechos humanos,  a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas y controles que deben existir en la transparencia de los órganos públicos del estado para beneficio de la ciudadanía.

Esto implica un total retroceso en los derechos humanos de los sudcalifornianos, cuando la meta debe ser tener mejores y más derechos y no dar un paso atrás, y esto sucede cuando en todo el país se ejerce más violencia contra las mujeres, contra los defensores de los derechos humanos y de los periodistas.

Muy malos síntomas de un Congreso que están más preocupados sus integrantes por sus intereses personales, de grupo, que en responder a las demandas de una población creciente y en desarrollo como es Baja California Sur.

Esto ocurre en medio de una pandemia que ha detonado una violación a los derechos humanos, ante el incremento de feminicidios, de niños y mujeres violentados y golpeados; de agresiones a periodistas que informan sobre la grave violencia cotidiana, esto es  sin duda una muestra de la crisis de derechos humanos que prevalece en 2020 en todo el país.

Tuve la oportunidad de escuchar el mensaje del maestro en derecho y consultor político Fernando Vázquez Rigada en reunión virtual con el Grupo Madrugadores de Los Cabos, quien al inicio de su exposición, afirmó que México está en peligro de extinción si se repite la mayoría aplastante de Morena en los distintos cargos de elección popular en el 2021.

Y tal y como advirtiera el especialista ante los resultados de los comicios del 2018 que esto no debe repetirse el próximo año, por la salud del país, ante lo cual se dijo a favor del bloque de partidos de oposición contra Morena, queda la reflexión ante lo que está ocurriendo con las decisiones improvisadas y erróneas que ha tomado el congreso en Baja California Sur de mayoría morenista. 

Hasta aquí