Demandan juicio político contra exalcaldes de Ensenada y Tecate

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California ha dado un paso contundente en la búsqueda de responsabilidades políticas y legales al presentar este martes una solicitud formal de juicio político en contra de los exalcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala Robles y Darío Benítez Ruiz, respectivamente.

Ambos políticos, hoy identificados con el partido Morena, son acusados de omitir deliberadamente los pagos correspondientes a las cuotas obrero-patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), durante sus respectivas administraciones municipales.

La petición fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado por la dirigente estatal del PAN, Lisbeth Mata Lozano, acompañada por los diputados locales Diego Echevarría, Mayola Gaona y Santa Alejandrina Corral, además de otros militantes y regidores del blanquiazul.

De acuerdo con Mata Lozano, el objetivo es que se investigue y, en su caso, se inhabilite a ambos exfuncionarios para ocupar cargos públicos por haber comprometido gravemente las finanzas y derechos laborales de los trabajadores municipales.

Armando Ayala Robles, actual senador de la República, enfrenta una creciente presión debido a que, según los panistas, su administración dejó un adeudo millonario con el ISSSTECALI, afectando no solo las finanzas públicas sino el acceso de miles de trabajadores a servicios de salud y prestaciones.

En el caso de Darío Benítez, la situación en Tecate no fue distinta, ya que también habría incumplido con el pago de las aportaciones, generando un quebranto similar.

Según lo documentado por el medio especializado AFN Tijuana, el PAN sostiene que existen elementos suficientes para sostener la solicitud de juicio político, entre ellos oficios, reportes de auditorías y declaraciones de funcionarios afectados.

La diputada Mayola Gaona señaló que el retraso en los pagos no fue circunstancial ni producto de una crisis extraordinaria, sino una decisión administrativa irresponsable que merece una sanción ejemplar.

La solicitud será ahora turnada a las comisiones correspondientes en el Congreso local, donde se valorará su admisión y eventual integración de un proceso formal de juicio político.

De prosperar, este procedimiento podría derivar no sólo en sanciones administrativas y políticas, sino también en la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Este caso pone de nuevo en el centro del debate la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales, especialmente en lo que respecta al manejo de los recursos destinados a la seguridad social de los empleados públicos.

Mientras tanto, tanto Ayala Robles como Benítez Ruiz no han emitido declaraciones públicas en respuesta a la solicitud panista.

La sociedad bajacaliforniana observa con atención el desarrollo de esta petición, que podría sentar un precedente importante en la fiscalización del ejercicio público y en el combate a la impunidad dentro de los gobiernos municipales.