¿La eliminación de la carta de antecedentes penales para empleo es un avance o un riesgo?
Hace apenas unos días, la Cámara de Senadores de México votó por unanimidad a favor de la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta reforma tiene como objetivo prohibir a los empleadores que solicite o exijan la carta de antecedentes no penales a los solicitantes de empleo en México.
La aprobación de esta modificación legislativa se logró con 69 votos a favor en la Cámara Alta. La enmienda se centró en el artículo 123, que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en el país.
La razón detrás de esta iniciativa es prevenir la discriminación por motivos de género, edad, condición social o antecedentes penales a la hora de buscar trabajo o ser promovido a puestos de mayor responsabilidad.
Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena y presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, señaló que esta reforma busca brindar una oportunidad real de reintegración social para aquellas personas que han tenido problemas con la ley en el pasado. Gómez Urrutia destacó que las personas que salen de prisión a menudo se enfrentan a dificultades para encontrar empleo, lo que obstaculiza su reinserción en la sociedad.
La votación en el Senado generó opiniones divididas, especialmente entre los miembros del Partido del Trabajo (PT). Aunque se reconoció que esta medida representa un avance en el sector privado, permitiendo ofrecer empleo a personas que han cumplido sus condenas, surgieron preocupaciones en cuanto a la administración pública, ya que podría existir el riesgo de incluir a funcionarios corruptos sin antecedentes penales.
Hasta el momento, los sindicatos y las cámaras empresariales no han expresado una posición definitiva a favor o en contra de la eliminación de la carta de antecedentes no penales en el proceso de selección de personal.
Este proyecto de reforma, que busca eliminar el requisito de la carta de antecedentes no penales para el empleo, pasará ahora al pleno de la Cámara de Diputados, donde será objeto de análisis y debate antes de su posible aprobación final.
GC
