El Frente por la Familia en BCS se presenta de nuevo al Congreso del Estado

Se presentaron en apoyo al proyecto de decreto a la reforma al artículo 205 la cual dicta que se impondrá de 4 a 7 años de prisión a cualquiera que obligue a un menor de edad a cambiar su identidad de género
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En el Congreso del Estado se presentaron miembros del Frente por la Familia en Baja California Sur, debido a que se llevó a cabo la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto a la reforma del artículo 205, donde ellos esperan proteger a las niñas y niños de ser obligados a realizar una transición de sexo.

Cabe mencionar que en el mes de junio del 2023 se pronunciaron en contra de la Ley de Infancias Trans, que busca permitir a menores de edad acceder al derecho a modificar el género en sus actas de nacimiento, y en septiembre del mismo año presentaron su propia iniciativa.

Al respecto, Rafael Loera Vázquez, presidente del Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, expuso que buscaron herramientas legales que protejan a los menores de edad de ser manipulados para la transición. 

“Creo que aquí estaban violentando ya la patria potestad de los padres, se las estaban quitando y nosotros nos abocamos a estudiar este tema y buscamos recursos legales para poder hacer una contra propuesta y haciendo una iniciativa en donde verdaderamente se resguarde la integridad de los niños y niñas y adolescentes de nuestro Estado”.

Comentó que buscan el diálogo con el diputado José María Avilés Castro, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para poner un candado a esta ley y no se haga un mal uso.

“Vamos a tratar de bloquear ese tipo de cosas, poner un candado para que no lo hagan. Voy a tratar de hacer una reunión ahorita con el diputado Chema para que nos sentemos allí y no se manipule porque no queremos que esto se manipule queremos que la niñez quede con un candado, que hasta que tengan su mayoría de edad ellos puedan decidir el rumbo de sus vidas”.

Cabe recordar que en el documento que entregaron hace dos meses se estipulaba que cualquiera que obligara a un niño o adolescente a cambiar su identidad sexual en contraposición al sexo biológico recibiría hasta 14 años de cárcel, pero en esta reformulación de la comisión dictaminadora se elimina la frase “sexo biológico” y se señala que se impondrá cárcel de hasta 7 años a cualquiera que obligue un cambio a la expresión o identidad de género.

EU

Raúl de León
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