Pemex oculta auditorías de contrataciones y finanzas

Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó los resultados de cinco auditorías realizadas entre 2023 y 2024, las cuales detectaron posibles irregularidades en contrataciones, convenios y manejo documental, así como inconsistencias en sus estados financieros. La información fue clasificada por la entonces Secretaría de la Función Pública, hoy renombrada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Cuatro de estas revisiones fueron efectuadas por la dependencia federal, mientras que una quinta estuvo a cargo de la firma KPMG Cárdenas Dosal, contratada para evaluar los estados financieros de Pemex y sus empresas subsidiarias. Esta última debía servir como base para reportes ante autoridades estadounidenses y organismos bursátiles mexicanos, pero no ha sido difundida públicamente.

De acuerdo con registros publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, Pemex reservó los documentos completos por hasta tres años, alegando que su contenido podría comprometer la seguridad nacional y afectar intereses estratégicos del país.

Uno de los informes más relevantes, elaborado por KPMG, tenía como objetivo verificar los datos que Pemex reportaría ante instancias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, hasta el momento, no existe acceso público a los resultados de dicha auditoría.

La Secretaría de la Función Pública también auditó áreas administrativas de Pemex relacionadas con organización, control interno, conservación de activos y firma de convenios. En varios casos, los documentos muestran secciones testadas, especialmente en los apartados con hallazgos sensibles o recomendaciones específicas.

En la auditoría RE-002-2024, por ejemplo, se evaluó el desempeño de la Dirección Jurídica de Pemex. La empresa decidió reservar partes del informe con el argumento de que su difusión representaría un “riesgo real a la seguridad nacional”.

La reserva de estos informes estará vigente hasta el año 2028, en un contexto donde organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han insistido en que las empresas estatales deben rendir cuentas de forma más transparente, especialmente frente a niveles elevados de deuda.

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