Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que hay división de poderes
Triunfó la razón jurídica acompañada de miles y miles de ciudadanos que han salido en 112 ciudades del país, incluyendo a Puerto Vallarta, a decir firme y decididamente “La ley es la Ley” y en México se respeta.
Con nueve votos a favor el pasado lunes quedó invalidado el primer decreto del tristemente llamado “Plan B”. Quedó plenamente comprobado que existieron violaciones al proceso legislativo que sí afectaron las reglas de deliberación democrática en el Congreso de la Unión.
El máximo tribunal de la nación demostró que en nuestro país sí existe la división de poderes entre el poder judicial y el soberano del palacio; consideraron frontalmente que se violaron los procedimientos legislativos y la discusión democrática al momento de aprobar, en forma por demás exprés, las iniciativas de ambas leyes.
La sentencia de la presidenta Norma Piña no puede ser más elocuente en estos días de autoritarismo extremo: “México es una democracia constitucional, y uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben de ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo”.
Lo que está sucediendo en nuestro país en este mayo del 2023 quedará en la memoria colectiva de la sociedad. Primero, la marcha de noviembre pasado en defensa del INE y posteriormente la marcha de febrero de este año, sacudieron la perspectiva de todos los actores políticos de México y, sobre todo a Morena y sus aliados.
Nunca se había visto a la sociedad civil emerger en forma espontánea para defender a las instituciones de la propia sociedad civil, como es el caso de INE. Tenemos a una clase media que con todo derecho es aspiracionista a una vida mejor, toda familia en nuestro país tiene derecho a aspirar a forjar hijas e hijos con un futuro mejor que el de sus padres.
Toda dádiva gubernamental proviene del esfuerzo de los mexicanos al tributar con sus impuestos.
No es el gobierno el que otorga los subsidios de los programas sociales, el gobierno solo los distribuye, pero éstos son generados por la clase productiva del país. Y los distribuye con un fin electorero, es por eso que el gobierno federal ha atacado a la clase media y a sus legítimas aspiraciones.
La clase media no requiere de dádivas, requiere que se faciliten por parte del gobierno todos los espacios de oportunidad para seguir la ruta del crecimiento y desarrollo, con la cual por consecuencia lógica se generarían verdaderos apoyos sociales. Es por eso que en nuestro país las marchas sociales han representado, además de sorpresa extrema, un apoyo para los equilibrios de poder.
En el histórico de nuestro país pasarán a la memoria nacional las mayorías de Morena y sus aliados en las Cámaras de Diputados y Senadores. Ya que han transgredido la razón de ser un verdadero parlamento, hasta convertirse en la ventanilla de trámite del Ejecutivo Nacional, el cual sentencia es mejor 10 por ciento de conocimientos y 90 por ciento de lealtad.
La Suprema Corte de la Nación nos devuelve la esperanza de vivir un México de leyes y de un Estado de Derecho aún vigente. Pero hay que continuar como una sociedad actuante, ya lo señalaron en las altas esferas gubernamentales: Sigue el “Plan C” y es nada más y nada menos el proceso electoral de 2024.
Debemos de continuar en la lucha por preservar los valores intrínsecos que nos da nuestra Carta Magna. Tenemos que luchar por la real y verdadera división de poderes.
No más legisladores sumisos a la voluntad presidencial; cada vez somos más ciudadanos que queremos un México libre y plural donde se respete la ley y se preserve un real y verdadero Estado de Derecho.
