A por el Congreso
La lógica en la que estamos inmersos es la de volver la próxima legislatura en un Constituyente, esto es, tener la capacidad de modificar la constitución y contar con las dos terceras partes para ello. No es poca cosa, y es que el régimen neoliberal logró establecer diferentes tipos de candados para que esa situación no se logre, incluso si se llegase a obtener la cantidad de votos necesarios.
Justo como está establecido el reparto de curules, Morena por sí solo no podría tener todo el carro completo, necesita de sus aliados para poder lograr la aritmética necesaria del reparto de plurinominales y lograr así la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Esa fue una de las últimas modificaciones que todavía pudieron hacer Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, establecer candados para el reparto de la proporcionalidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de esta campaña no nada más la continuidad de su proyecto político sino además la posibilidad de modificar al poder judicial. De entre los poderes de la Unión el judicial es el más corrompido. Su corrupción abarca redes familiares, de negocios y sobre todo criminales que han permitido mantener en pie la necropolítica en amplias zonas del país, es decir, el poder judicial es cómplice de que varias regiones de México estén gobernadas entre el crimen organizado y la clase política local con la ayuda de los aparatos de seguridad del Estado, y una clase económica emergente ilegal, pero altamente efectiva en el reparto de riqueza.
Aunado a eso, el poder judicial mantiene la lógica de mantener el estatus quo del neoliberalismo, su armatoste consiste en proteger todo aquellos que ha sido expoliado al Estado mexicano y que ha pasado a manos de capitales tanto nacionales como internacionales, privilegiando a los grandes consorcios económicos por sobre los intereses de la nación.
Modificar al poder judicial es una de las demandas centrales de este proceso electoral, esta elección es un referéndum del poder judicial ante la comunidad política y ciudadana de México. Estamos ante un hecho inédito, ya que no es nada más el partido que compite en las elecciones, sino ante el poder conservador en sí. Es una confrontación entre el viejo régimen neoliberal en crisis y contra una nueva estructura, digamos también un nuevo pacto social, lo que definirá el futuro de México en las próximas décadas.
Y si bien esto ya es un proceso sumamente complejo, hay que sumarle la reconstrucción de la economía mexicana, que sí o sí pasa por recuperar terreno en la rectoría del Estado en muchos de sus ámbitos, cosa que el presidente López Obrador no pudo lograr por no contar con la legalidad correspondiente, pero sí con la legitimidad. Los jueces se pusieron de lado del despojo, lo que ha complicado mucho el escenario en diferentes comunidades del México profundo.
Y aquí aparece una tenaza muy compleja que la próxima presidenta de México, la actual coordinadora de los comités de defensa de la 4T Claudia Sheinbaum, debe coordinar, y es que por un lado se encuentran las necesidades del México profundo de abajo que ha sido lastimado por décadas por el sistema de despojo neoliberal, y por el otro una clase económica y política que se está configurando alrededor de la cuarta transformación que requiere ciertas concesiones para poder operar contra el antiguo régimen.
Muchos miembros de este último conjunto fueron y son operadores del antiguo régimen neoliberal, pero que ante la embestida electoral de sus partidos políticos han optado por disciplinarse para contar con mejores condiciones en los próximos seis años, en economía más de una década no es una situación fácil de sobrellevar. Sus cuadros políticos han sido insertos en Morena para lograr generar una correlación de fuerzas favorables en el nuevo gobierno.
Cuando vemos que Claudia Sheinbaum recorre el país y muchos de los impresentables de este sexenio se le acercan, y no sólo, sino que además se les dan las candidaturas más importantes no es simplemente que se repita el error del presidente López Obrador con personajes como Lily Téllez o Germán Martínez. Es que se está buscando lograr un consenso amplio que permita reconfigurar el Estado nacional y establecer un nuevo tipo de hegemonía electoral y política.
Y aquí está el dato importante, el tipo de violencia que este tipo de Estado está configurando es necesario observarla, y es que tanto la clase económica como la clase política se están dando cuenta que las condiciones de la crisis económica persisten, y requieren del Estado su cobijo para lograr sortear las contradicciones del mercado. Nada nuevo bajo el sol.
Esto que está sucediendo en las alturas partidistas no se está replicando en el movimiento social, esto es, la lógica del movimiento social ha desbordado la lógica partidista, se ha dado a la tarea de identificar los puntos de violencia necropolítica que le ha caído encima a la nación, y de forma incipiente intenta organizarla, hasta ahora no ha podido más que expresar su rechazo por la antigua clase política, y ni siquiera ha podido organizarse al interior de Morena, es por ello que Morena mismo no puede controlar este tipo de expresiones, no las puede disciplinar, en la medida que no las ha podido organizar.
El rechazo a Omar García Harfuch en la Ciudad de México, a Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, a Romel Pacheco en Mérida, a Ignacio Mier en Puebla no sólo son expresiones de grupos contrarios dentro del partido sino forman parte de la contradicción entre el movimiento social y las decisiones de la burocracia. Esas decisiones pueden generar rupturas que no se expresarían necesariamente en la base electoral, sino que harían estallar conflictos sociales profundos ahí en donde no exista una coordinación entre los liderazgos formales partidistas y sociales basados en las necesidades de las comunidades.
En suma, se puede estar gestando un movimiento paradójico, la Ciudad de México puede valer una misa y entregarla a García Harfuch para lograr la mayoría calificada en el Congreso, pero las contradicciones sociales no serían de una magnitud manejable, es decir, podría generarse un movimiento social que chocaría directamente con esta nueva burocracia con el fin de que sus demandas sean escuchadas. Ceder ante poderes como Salinas Pliego tendrán un costo, y este puede ser altísimo.
Ahora bien, esto para nada está garantizado que pueda expresarse desde la izquierda, es decir, la contradicción en la que estamos entrando entre la violencia que se debe mediar y el Estado que debe guiar el proceso de organización puede emerger un movimiento reaccionario que apueste por la restauración. El desencanto y la imposibilidad de modificar el aparato puede ser el caldo de cultivo de este escenario.
Ganar el Congreso y lograr la mayoría calificada tiene sus riesgos, habría que enumerarlos y asumir una estrategia para afrontarlos, se juega el futuro del país y con ello a quién le caerá la violencia económica en curso, no hay que olvidarlo.
