Alertan violaciones ambientales y riesgos al Estero San José por trazado gasoducto en Los Cabos

El megaproyecto de gasoducto propuesto para Los Cabos ha encendido una nueva polémica ambiental. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reservó la información sobre la ubicación exacta del trazado del sistema de distribución de gas natural promovido por la empresa Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., lo que ha generado fuertes críticas de organizaciones civiles que advierten graves riesgos ecológicos y posibles violaciones a la ley. La decisión de ocultar el mapa de instalación impide conocer con precisión las zonas afectadas, lo que —según expertos— compromete la validez del proceso de consulta pública y deja sin sustento la evaluación del impacto ambiental real.

El proyecto, denominado Sistema de Distribución de Gas Natural por medio de Ductos en la Zona Geográfica Única: Los Cabos, plantea la construcción de más de 150 kilómetros de tubería entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, con una vida útil de 30 años. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue presentada en modalidad regional ante la ASEA y sometida a consulta pública del 18 de septiembre al 16 de octubre de 2025. Sin embargo, organizaciones como BCSicletos y colectivos locales de protección ambiental detectaron omisiones técnicas graves y la reserva de datos que deberían ser públicos por ley.

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En el documento oficial, la ASEA restringió información sobre la localización del gasoducto y del promovente, así como la identidad del responsable técnico del estudio, bajo el argumento del Artículo 115 de la Ley General de Transparencia. Esa opacidad, acusan las organizaciones, impidió identificar de forma precisa las áreas de impacto y evaluar los riesgos ambientales que el tendido de la infraestructura podría generar sobre los ecosistemas de la región.

Pese a la reserva de información, los grupos ambientalistas lograron deducir el trazado del gasoducto mediante análisis de coordenadas georreferenciadas contenidas en los estudios de riesgo. Los resultados revelan que la ruta atravesaría zonas urbanas y áreas de conservación de relevancia internacional, incluyendo el Estero San José y el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas. Ambos sitios son reconocidos por su función de recarga de acuíferos y como hábitats críticos para especies en peligro, como la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi) y la garza rojiza (Egretta rufescens).

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Los ambientalistas sostienen que el trazado vulnera la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley del Sector Hidrocarburos y la Norma Oficial NOM-007-ASEA-2016, además de contravenir el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos 2040, que prohíbe expresamente la instalación de ductos dentro de zonas urbanas. A su vez, alertan que la obra eliminaría más de 150 kilómetros de superficie filtrante necesaria para la recarga de acuíferos, agravando la crisis hídrica que ya enfrenta el municipio.

La empresa Asesoría en Aprovechamiento de Recursos Naturales en Zonas Áridas S.C. (AARNZA) fue la encargada de elaborar el estudio ambiental, aunque su experiencia en proyectos de gasoductos es incierta. Con sede en Gómez Palacio, Durango, el negocio apenas cuenta con registro de actividad reciente y sin historial verificable de evaluaciones en materia de hidrocarburos. Para las organizaciones locales, esto añade un nuevo elemento de desconfianza en la solidez técnica del estudio presentado ante la ASEA.

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Por su parte, Gas Natural del Noroeste sostiene que las afectaciones serán “mínimas” y que el proyecto generará empleos temporales durante la fase de construcción. No obstante, ni la inversión total ni los criterios de seguridad fueron revelados, ya que también fueron clasificados como información reservada. Esa falta de transparencia, advierten los especialistas, deja al proceso de consulta pública sin un marco informativo que garantice la participación efectiva de la ciudadanía.

Ante el cierre del periodo de consulta, colectivos ambientales han solicitado formalmente que la ASEA rechace la autorización del proyecto por contravenir normas ecológicas, urbanas y de transparencia. Consideran que el caso del gasoducto de Los Cabos refleja un patrón de decisiones opacas en materia energética que ponen en riesgo los ecosistemas costeros y la estabilidad ambiental de Baja California Sur.

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