Colectivos LGBT+ exigen la instalación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
De acuerdo con lo estipulado en la Ley para prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California Sur, en 2017 tendría que haberse instalado el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo, esto no ocurrió. Ahora, seis años después, colectivos LGBT+, entre los que se incluyen Codisex Los Cabos y Trans BCS, exigen que se cumpla con ese mandato.
En un documento enviado al gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y a otras autoridades estatales, los activistas Sasha Ceseña Guillins, Raúl Perez Aguilar, Ángel Gaxiola Infante destacaron la urgencia de contar con el consejo estatal. Enfatizaron que algunos de sus beneficios son.
– Fomentar una cultura de respeto, inclusión, no discriminación y diversidad entre la
población.
– Fortalecer el marco legal y las políticas públicas contra la discriminación en el estado.
– Establecer mecanismos y protocolos de atención, orientación y asesoría a las
personas que sufren o presencian actos discriminatorios.
– Generar información, investigación y sensibilización sobre la problemática de la
discriminación y sus consecuencias, que nos proporcione una radiografía de cómo se
vive la discriminación en Baja California Sur.
– Impulsar la participación y el diálogo de los diferentes sectores sociales,
especialmente de los grupos en situación histórica de vulnerabilidad, para construir
una sociedad más justa, incluyente y libre de discriminación.
Ángel Gaxiola indicó que la falta de este organismo en el estado hace que las víctimas de discriminación deban trasladarse hasta la capital del país para ser atendidos en el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Sin embargo, pocas veces se les da un seguimiento adecuado a los casos.
“Nosotros como colectivos en estos momentos tenemos siete casos desde inicio de año, que a través de nosotros algunas personas que fueron discriminadas acudimos a la Ciudad de México, a la comisión nacional, se entregaron las respectivas evidencias que acreditaban los actos de discriminación y las diferentes situaciones, nos pusieron una abogada de la comisión y le hemos estado dando seguimiento”, dijo.
Los colectivos esperan recibir una respuesta positiva del mandatario estatal para que, tras seis años de retraso, Baja California Sur finalmente cuente con un consejo que vele por los derechos de los grupos vulnerables.
AT
