Estudio revela alta incidencia de disputas vecinales en Los Cabos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, los habitantes de Los Cabos reportaron un incremento en los conflictos vecinales durante el tercer trimestre de 2024
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De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 22.9% de los habitantes del municipio de Los Cabos perciben inseguridad, una cifra favorable dado que es uno de los destinos turísticos más visitados del país. Sin embargo, la ENSU revela otro aspecto de la vida en la ciudad: los conflictos o enfrentamientos vecinales.

El sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que, hasta el tercer trimestre de 2024, el 82.2% de los habitantes de Los Cabos ha experimentado al menos un conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, más de ocho puntos por encima de la media nacional, que fue del 73.9%.

A nivel nacional, las mujeres son quienes más reportan conflictos o enfrentamientos con vecinos, siendo los principales motivos la basura tirada o quemada, el ruido excesivo, problemas de estacionamiento y situaciones relacionadas con animales domésticos.

Para atender este tipo de situaciones, la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos dispone de Juzgados Cívicos en San José del Cabo y Cabo San Lucas, ubicados en las comandancias, donde se busca resolver los conflictos vecinales mediante el diálogo y la firma de compromisos.

Para presentar un reporte, es necesario que el solicitante acuda con su INE, el nombre completo de la persona denunciada y su domicilio. Estos mecanismos de justicia alternativa contribuyen a evitar que los conflictos escalen en conductas antisociales o agresiones directas.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

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