Registra auditoría elementos de juicio para posibles sanciones administrativas, civiles o penales: Alcalde
- Hay una serie de inconsistencia pero hay un delito que tiene que tipificar el Ministerio Público: Arturo de la Rosa
- Pero el resultado entregado por el despacho contable reportó poco más de mil millones de pesos en las irregularidades: Luis Alberto González.
Guillermina de la Toba Navarro
San José del Cabo.- Arroja auditoría forense múltiples inconsistencias que ahora la parte jurídica tendrá que revisar, para ver en qué acciones pudieran encuadrarse, si son civiles, mercantiles o penales y en función de eso la parte jurídica hará su trabajo, señaló el presidente municipal Arturo de la Rosa.
´´Sería muy desafortunado afirmar que por el hecho de encontrar múltiples inconsistencias legales hay un delito, eso lo tiene que tipificar un ministerio público, nosotros hoy lo que hacemos es que la parte jurídica de un Ayuntamiento haga la revisión de estas inconsistencias, ver qué acciones se van a emprender ´´.
El resultado entregado por el despacho contable de la auditoria forense reportó poco más de mil millones de pesos de irregularidades, así lo dio a conocer el secretario general del Ayuntamiento Luis Alberto González.
´´Se reconoce que existen elementos de juicio para determinar posibles sanciones de carácter administrativo, civil o penal conforme a la interpretación de las mismas y que el presente informe es un instrumento básicamente referente del estado que guardó la décima primera administración municipal con respecto a las unidades administrativas que se evaluaron, hay que resaltar que la auditoría se enfocó básicamente a las unidades más representativas en cuanto al presupuesto que manejaron y sobre eso fue el resultado de lo que se encontró en esta revisión´´.
Las irregularidades según el documento entregado por el despacho contable son las siguientes:
Pagos improcedentes para la ejecución de obras públicas, pagos realizados a proyectos con recursos etiquetados con otras partidas previamente establecidas, como ejecución de pagos a proveedores sin mediar procesos administrativos conforme a la normativa legal ejecución de egreso sin contar con debido soporte documental que ampara a los mismos o justificación del mismo.
Conflictos de intereses en lo que se realizaron adquisiciones y prestaciones de servicios entre funcionarios de alto nivel municipal y proveedores allegados a ellos
Aplicación de pagos improcedentes a proveedores sin haberse percatado de los realizados previamente a los inicios y proyectos de obra pública.
Pagos en exceso que realizó la administración pública municipal a proveedores para la realización de obras públicas en distintos puntos de la región, realización de obras públicas a sobreprecio con recursos etiquetados por el Gobierno federal, proceso licitatorio de arrendamientos y servicios no registrados conforme a la ley, espacio, adquisición y suministro de enseres para la realización de actividades propias del gobierno destinados a la atención de la ciudadanía, se registró debidamente, fue aprobado y autorizado por las instancias correspondientes.
Pagos por servicios personales a personal administrativo y operativo no registrado previamente y sin medir reconocimiento de los mismos y su adscripción al ente público.
Pagos destinados a gasto corriente cuando se encontraban etiquetados para actividades productivas.
Adquisición y solicitud de prestaciones de servicios sin contar con contrato debidamente firmado y autorizado por servidores públicos competentes.
Excesos de los precios a valor del mercado suscrito universal y prestación de servicios brindados al gobierno municipal.
“Derivado de las múltiples observaciones aquí presentadas, se ha de reconocer que existen elementos de juicio para determinar posibles sanciones de carácter administrativo, civil o penal conforme a la interpretación de las mismas y que el presente informe es un instrumento de referencia sobre el estado que guarda la XI administración pública municipal con respecto a las unidades administrativas evaluadas así como las directrices que intervinieron en su acta y que de una forma u otra no cumplieron con los términos específicos sobre los cuales son sus principios metas y objetivos´´.
El Secretario puntualizó que no hay ningún señalamiento de nombres ni se está diciendo que hay un desvío, sino que se encontraron irregularidades.
´´Es la revisión que se va hacer y de ahí, si procede algo a juicio del área jurídica se va a proceder a interponer los recursos que se tengan que interponer, ese lo hará la autoridad competente que determine si hay delito o no, la posición del Ayuntamiento es trasparentar la entrega de la administración anterior´´.
Lo anterior lo dieron a conocer al término de la sesión ordinaria de Cabildo, donde se aprobaron las cuentas públicas del mes de julio ´´Donde notamos un decremento en los ingresos, es decir nos quedamos un 35 por ciento menos de lo presupuestado, lo más importante es que pese a que no llegamos a la meta presupuestada, lo cierto es que se racionó el gasto y nos quedamos muy por debajo en cuanto a lo que teníamos presupuestado por egresar y en el mes de julio nos queda un superávit por el orden de los 2.1 millones de pesos; es decir, recaudamos menos, gastamos menos y nos queda un remanente para impulsar obras y remodelaciones´´ comento el Presidente Municipal.
Otro de los temas llevados al pleno y aprobados fue la adquisición de más de 103 hectáreas de terreno al Ejido de CSL en la colonia Leonardo Gastélum, espacio que comprende mil 260 terrenos; además se aprobó el manual de organización del funcionamiento e instalación del Consejo Consultivo de Asuntos Indígenas de Los Cabos, entre otros.