Las empresas de Salinas Pliego que enfrentan una de las mayores deudas fiscales ante el SAT
La disputa fiscal que por más de una década ha acompañado a Ricardo Salinas Pliego llegó a un punto de no retorno. La resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una batería de juicios que obliga a empresas del Grupo Salinas a cubrir más de 35,160 millones de pesos, cifra que con recargos y multas rebasa los 50,000 millones. El fallo, considerado definitivo, cristaliza 16 años de incumplimientos fiscales y coloca al conglomerado frente a una de las presiones legales y financieras más intensas de su historia.
La decisión del máximo tribunal reconfigura el tablero porque concentra, en un solo acto, siete asuntos que la autoridad fiscal venía litigando desde administraciones anteriores. Según la Procuraduría Fiscal, estos casos representan casi la mitad de los 74,000 millones de pesos que el fisco reclama al conglomerado a través de 32 juicios. La mayoría se origina en omisiones del Impuesto sobre la Renta (ISR), un terreno históricamente conflictivo entre el SAT y los grandes contribuyentes.
El rostro más visible de esta deuda es Grupo Elektra, que arrastra un adeudo por casi 24,000 millones de pesos del ejercicio 2013. La empresa asegura que la autoridad intenta cobrar montos duplicados y sostiene que ya existía un acuerdo previo de 7,600 millones, de los cuales —afirman— se habían pagado 2,600 millones como anticipo. La narrativa contrasta con la postura del SAT, que considera que el fin de los “perdones fiscales” impulsado por el gobierno federal cerró grietas que antes permitían acuerdos discrecionales.
TV Azteca aparece como el segundo frente de presión. La televisora enfrenta adeudos que superan los 5,000 millones de pesos por ISR, multas y recargos acumulados desde 2009. Esta situación se suma al asedio financiero que experimenta en Estados Unidos, donde distintos fondos buscan forzarla a declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 debido al impago de bonos por 63.3 millones de dólares. Aunque la empresa obtuvo amparos en México, el proceso continúa generando incertidumbre entre acreedores e inversionistas.
A las tensiones fiscales se añaden los conflictos comerciales. Salinas Pliego mantiene pendiente una disputa con AT&T relacionada con la venta de Iusacell en 2015, un episodio que nunca se ha desactivado del todo y que opera como un recordatorio del historial de litigios del magnate. En el conjunto, estos conflictos revelan un ecosistema corporativo que opera constantemente al filo de regulaciones y tribunales, tanto nacionales como internacionales.
El frente más reciente se abrió con el operativo federal que cerró operaciones de casas de apuesta, entre ellas Bet365 —operada por Ganador Azteca— y Betano, vinculada a Operadora Ganador TV Azteca. Aunque estas acciones obedecen a investigaciones por presunto lavado de dinero y no existen aún adeudos confirmados ante el SAT, las firmas quedaron bajo el escrutinio de las autoridades y expuestas a sanciones conforme avance el proceso. Grupo Salinas respondió cuestionando el operativo y defendiendo la legalidad de sus subsidiarias.
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Tras el fallo de la Corte, el conglomerado anunció que acudirá a tribunales internacionales en busca de protección bajo el argumento de que los cobros son inconstitucionales y que las multas resultan desproporcionadas. La estrategia, habitual en corporativos de gran tamaño, abre un nuevo capítulo que podría prolongarse años y que intentará frenar —o renegociar— los pagos avalados por la SCJN.
Lo cierto es que, más allá de los litigios, la resolución obliga a Salinas Pliego a redefinir su relación con el Estado mexicano. La magnitud de los adeudos y los riesgos acumulados en telecomunicaciones, televisión abierta, retail y apuestas exponen un punto crítico para uno de los empresarios más influyentes del país, cuyas operaciones están entrelazadas con millones de consumidores, proveedores e inversionistas.
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