Sector indígena de Ecuador suspende protestas tras acuerdo con el gobierno en Imbabura
AFP
Un sector de los indígenas y el gobierno de Ecuador alcanzaron el miércoles un acuerdo para poner fin a las manifestaciones en la provincia de Imbabura, principal foco de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
Los dirigentes de la mayor organización indígena del país, la Conaie, no participaron en el diálogo que se realizó en la ciudad andina de Otavalo, a unas dos horas de Quito.
Al encuentro con el ministro del Interior, John Reimberg, acudieron líderes de campesinos y de pueblos quichuas del norte del país agrupados en la Unorcac y la FICI.
Ellos resolvieron suspender los bloqueos en las carreteras a cambio de mantener mesas de trabajo con el Ejecutivo y el traslado de los manifestantes detenidos a la provincia de Imbabura.
También pidieron al gobierno analizar la propuesta de congelar el precio del diésel y una investigación sobre la muerte de manifestantes.
“Pensando en la población hemos decidido que hoy vamos a retirarnos a nuestros territorios y nos declaramos en asambleas permanentes”, dijo a la prensa Mesías Flores, presidente de la FICI.
El ministro del Interior, de su lado, afirmó que “hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”.
La víspera, Otavalo fue escenario de violentos choques entre manifestantes y uniformados durante al menos ocho horas.
De acuerdo con el equilibrio de la Conaie, en 24 días de manifestaciones han muerto tres personas, dos de ellas por impactos de bala presuntamente de las fuerzas del orden.
El gobierno no ha presentado un balance de víctimas civiles. Según sus cifras, el martes 13 soldados resultaron heridos en los enfrentamientos.
En septiembre las comunidades de Imbabura retuvieron a 17 militares durante tres días. Una caravana presidencial también fue atacada.
Esto “es un inicio de diálogo”, expresó Martha Tuquerres, presidenta de la Unorcac, y exigió al gobierno “una disculpa pública a todos los pueblos y nacionalidades”.
“No somos terroristas”, enfatizó.
El gobierno ha denunciado que detrás de las protestas hay “actos terroristas” y amenazó a los responsables hasta con 30 años de cárcel.
Las mesas de trabajo entre las organizaciones y el gobierno empezarán el lunes.
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