Zaldívar, un efecto corruptor de la independencia judicial

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En Tercera Persona

El presidente López Obrador reconoció ayer que, cuando Arturo Zaldívar fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él le pidió intervenir en ciertos procesos judiciales para influir en las decisiones de los jueces.

Cuando “estaba Zaldívar —confesó el presidente— se hablaba con él y él… respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”. (Lamentó que con Norma Piña no fuera igual).

Él ayudaba”, recalcó el presidente, quien aseguró que, si Zaldívar siguiera en el cargo, “Emilio Lozoya Austin no hubiera continuado con sus procesos penales en prisión domiciliaria ni se hubiera ordenado desbloquear las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna”.

“Sí, sí, y muchos otros casos, si hubiera estado Zaldívar”, remató AMLO.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. reprobó de inmediato las injerencias del mandatario en el Poder Judicial, a través del entonces ministro presidente, quien hace poco se retiró del cargo para sumarse a la campaña de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

“Las acciones descritas por el Presidente de la República, en su conferencia del día de hoy, implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”, expresó el presidente de la Barra, Víctor Olea Peláez, en un comunicado.

“Reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Zaldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual (…) subraya la ausencia de valores éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial”, se lee en el documento.

La candorosa confesión de AMLO, de acuerdo con juristas y magistrados consultados, implica evidentes violaciones a la Constitución (artículo 109), así como el delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 221 del Código Penal Federal y cometido por “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión…”.

Involucra delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos que conozcan “de negocios para los cuales tengan impedimento legal”, contemplado en el artículo 225, e involucra, por parte de Zaldívar, tanto como de los jueces a los que presionó, una violación al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a juzgar “desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel”.

El mismo Código obliga a los juzgadores a rechazar “cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad” y los obliga a denunciar “cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia”.

En su parte medular, el Código de Ética del Poder Judicial exige que los juzgadores se abstengan “de recomendar, insinuar o sugerir, con un fin ilegítimo, el sentido en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial”.

AMLO metió en un verdadero embrollo a su cómplice en el Poder Judicial. Zaldívar podría ser inhabilitado para ocupar un cargo público.

El consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, Miguel Alfonso Meza anunció que presentará hoy una denuncia en contra de Zaldívar por litigar a favor del presidente y violar tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al “aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones” que implicaron “subordinación indebida respecto de alguna persona, del mismo u de otro poder”, al “inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial” y al “no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores (artículo 110 de la Ley Orgánica”).

De acuerdo con Meza, obran en su poder testimonios de funcionarios judiciales que fueron presionados por Zaldívar desde el Consejo de la Judicatura para fallar litigios en favor del presidente.

Entre esos casos se encuentran quienes giraron amparos en contra del Aeropuerto de Santa Lucía.

Según dichos testimonios, Zaldívar presionó al juez y a tres de los magistrados que resolvían estos asuntos. Solo uno resistió dichas presiones: Jorge Arturo Camero Ocampo.

Las represalias no tardaron en llegar. El 19 de octubre de 2019, Zaldívar anunció que el magistrado había quedado suspendido por supuesta corrupción. Esta, sin embargo, nunca se comprobó (Camero falleció poco después, víctima del cáncer).

La confesión del presidente López Obrador abre una puerta para que se combatan todos los actos judiciales en que este haya intervenido por sí o por interpósita persona.

Los expertos consultados aseguran que los delitos admitidos por el presidente de la República obligan a que los órganos de control de la Suprema Corte de Justicia inicien una investigación a fin de determinar quiénes fueron los jueces a los que presionó Zaldívar por órdenes del Ejecutivo.

Aseguran que también se ha abierto una puerta que podría llevar al mismo López Obrador a un juicio político.

Con unas cuantas frases, AMLO colocó a su Zaldívar, su paje, su peón, en el centro de un efecto corruptor de la independencia judicial.