Capitalismo necropolítico y magnicidio en Haití

El primer magnicidio del Siglo XXI en América Latina se ha concretado en Haití. En la madrugada del 7 de julio, un comando armado irrumpió en la casa del presidente del país caribeño Jovenel Moïse y lo ejecutó. A pesar del cerco mediático en curso para, una vez dada la noticia para más bien desestimarla, y con ello todas las consecuencias de la terrible realidad que se vive en el pueblo haitiano, habría que analizar el escenario que se acaba de abrir debido a que su impacto no se queda simplemente en Haití o en República Dominicana su vecino próximo, sino que afecta a toda la región.

Lo que se asoma con la ejecución de Moïse es la instalación violenta, que rebasa al capitalismo cínico, de una política de muerte como fundamento de nuevas formas de acumulación por desposesión: capitalismo necropolítico.

Si hablamos de la economía haitiana, habrá que decir que está está imbricada entre la economía criminal y la oligarquía al servicio de la agroindustria transnacional. En el mal llamado periodo neoliberal, que más bien habría que denominarlo cínico, ya que de liberal no tiene absolutamente nada porque el Estado ha renunciado a garantizar el progreso para todos y se ha impuesto la lógica en donde el mercado define los muertos y los heridos, en Haití se avanzó como ningún otro país del hemisferio en una dependencia alimentaria hacia Estados Unidos de forma artificial.

Haití es el tercer importador del arroz producido en Estados Unidos, su dependencia alimentaria es una de las claves para mantener la situación neocolonial en el país. Y es que, a través de la oligarquía importadora, la clase dominante en Haití a juego de expoliar la riqueza de la nación para entregarla a los capitales americanos se ha podido mantener en el cargo. Por lo que ha bloqueado la posibilidad de reactivar esencialmente su agricultura.

Apenas en 2018, Haití sufrió una terapia de shock, uno de los llamados ajustes estructurales dictados por el Fondo Monetario Internacional, en donde se les quitó el subsidio a las gasolinas lo que elevaba el costo en un 25 por ciento. Habría que entender pues que la ocupación es principalmente económica, su objetivo primordial es desmantelar no sólo las funciones primordiales de la economía nacional sino incluso también las funciones del Estado.

Los principales oligarcas de Haití se han apoyado tanto en dictaduras como del control de grupos delincuenciales que usan como paramilitares para defender sus negocios, se estima que existen alrededor de 76 grupos de estos, que han dado paso a una poderosa economía criminal.

La economía criminal ha podido emerger con una fuerza que puede retar a lo que queda del Estado, justamente por las condiciones de pobreza y hambre dentro del país. Las pandillas que azotan a Puerto Príncipe y que controlan regiones enteras han logrado su avance justo por el abandono al que han sido objetos los haitianos por parte del debilitamiento del Estado inducido por Estados Unidos.

La renta criminal en Haití tiene diferentes expresiones, desde el secuestro en donde el aumento de este fenómeno en 2020 representó 200% respecto del año 2019. El control poblacional de diferentes zonas con recursos naturales estratégicos o tierras para poder reactivar la agricultura son esenciales en esta nueva configuración por lo que el despoblamiento y posterior repoblamiento opera bajo la meta de bloquear cualquier intento de recuperar la soberanía nacional. No sólo, el pago de tributos, lo que se conoce comúnmente como cobro de piso en México, para la circulación de mercancías es un negocio enorme. Lo más denigrante es la violencia sexual contra las mujeres a través de violaciones y trata de blancas.

En Haití, no existió algo así como la Operación Rápido y Furioso que introdujo armas a México en complicidad con la DEA fue peor. Se calcula que las armas provenientes de Estados Unidos son alrededor de 500 mil, todas en manos de las pandillas como bien lo ha documentado Lautaro Rivara.

Las pandillas lograron agruparse en torno a una organización única llamada G9 an fanmi e alye (el Grupo de los 9 en familia y alianza) que mantiene un vínculo con el partido en el poder, el Partido Haitiano Tèt Kale. Este partido de ultraderecha, junto con Joven El Moïse, que precisamente proviene de la oligarquía habían establecido la ruta de una nueva dictadura que operó con el desmantelamiento del poder legislativo y judicial.

Moïse no puede entenderse sin la pinza que significa el G9 y su líder Jimmy Cherizier, un expolicía apodado Barbecue, a quienes en vez de perseguir se apoyaba en ellos tanto para el reparto de la ayuda humanitaria proveniente del exterior como para instalar un régimen de terror y violencia. Es tal el poder de Barbecue, que el 7 de julio de 2020, se movilizó con carros acorazados con hombres fuertemente armados por las calles de Puerto Príncipe exigiendo reconocimiento legal para su organización.

Uno de los escándalos centrales que tiene como actores centrales a la clase política haitiana es el de Petrocaribe. Venezuela había dado petróleo a una tasa preferencial del uno por ciento a Haití, pero el ahorro proveniente de este acuerdo simplemente desapareció en la corrupción institucionalizada. No es casual que los haitianos americanos que participaron en el magnicidio de Moïse estén vinculados con empresarios del sector energético y estén involucrados con anteriores golpes de Estado.

El magnicidio de Moïse debe entenderse en la trayectoria que ya ha puesto sobre la mesa el expresidente de Bolivia Evo Morales -que no hay que olvidar que pudo haber corrido con la misma suerte sino fuera por la intervención a tiempo del mandatario mexicano López Obrador- la reedición de un Plan Cóndor 2 para la desestabilización de América Latina ante el avance de gobiernos progresistas y las nuevas inversiones de China.

La trama del magnicidio de Moïse supera la lógica de Haití, y lo coloca en el centro de una operación de mayor envergadura. La utilización de mercenarios exmilitares colombianos entrenados en Estados Unidos, e informantes de la DEA, dentro de la operación para asesinar al presidente haitiano da cuenta de un avanzado mecanismo que pone en peligro la seguridad de todos los jefes de Estado u opositores del Continente.

Y es que ahora es posible acudir a agencias establecidas en Estados Unidos como es el caso de la compañía de seguridad privada CTU Security del venezolano Antonio Intriago Valera para contratar sus servicios para asesinar presidentes en la región. Una especie de mecanismo de subcontratación, que además cabe señalar, los mercenarios en América Latina cuestan diez veces menos de lo que los mercenarios aceptan para actuar en Oriente Medio. Todo esto sin que los mecanismos de inteligencia de los países involucrados alerten a sus contrapartes. Esto ya había sucedido con anterioridad en Venezuela, pero sin haber logrado su objetivo, con la operación Gedeón.

Es importante dar cuenta que la configuración de capitalismo necropolítico que está emergiendo a escala americana tiene como fundamento abrir nuevos canales de acumulación por desposesión, en donde la violencia y el terror cumple un papel fundamental, pero ya no es una violencia que viene solamente desde el Estado como las dictaduras del pasado en América Latina sino que hoy por hoy están operando con grupos dentro de la economía criminal, ya sean estos paramilitares, mercenarios o narcotraficantes, que realizan el trabajo sucio de debilitar a los Estados para que estos acepten políticas económicas desde el exterior y se mantenga dominadas regiones enteras que mayoritariamente implican zonas de recursos naturales estratégicos.

La solución para pacificar a Haití no provendrá sin duda de una nueva ocupación ni de una dictadura. Un movimiento que luchaba justamente contra Moïse por su rompimiento del orden constitucional está emergiendo para reclamar la independencia y la soberanía de Haití. Un reto enorme en medio de la peor pandemia que azota el mundo, de la cual este gran pueblo aún no cuenta con una sola vacuna para combatirla. Como bien apunta Mónica Riet habrá que emprender una transformación profunda que concluya la tarea impuesta desde la revolución haitiana de 1804.

Foto: Agencia AFP