Caravana de tractores buscan llegar a CDMX para frenar la nueva Ley de Aguas

La protesta agrícola tomó forma desde el amanecer con un ángulo claro: frenar el avance legislativo de la nueva Ley de Aguas que será discutida y votada este mismo miércoles en la Cámara de Diputados. Bajo ese objetivo, cerca de cien tractores avanzan hacia la Ciudad de México en una movilización que busca visibilizar la inconformidad del campo frente a un proyecto que consideran determinante para su futuro productivo y para la seguridad alimentaria del país.

La caravana, integrada por agricultores de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, profundiza el debate nacional sobre el manejo del agua al trasladar el inconformismo directamente a San Lázaro. Los productores insisten en que no buscan bloquear vialidades ni generar caos, sino circular por la capital para evidenciar lo que describen como riesgos potenciales de un nuevo marco jurídico cuya formulación ha tardado años y cuyo contenido sigue generando incertidumbre en el sector primario.

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El recorrido hacia la Cámara de Diputados avanza sobre la carretera México–Texcoco con un punto final previsto alrededor de las 9:30 horas, aunque sin una ruta completamente definida. Los movilizados prevén transitar cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de instalarse frente al recinto legislativo, donde pretenden permanecer mientras se desarrollan las comisiones dictaminadoras.

La urgencia de la manifestación se explica en que la Ley de Aguas encabeza la agenda prioritaria del actual gobierno federal, al lado de reformas energéticas, judiciales y sociales. La discusión de esta tarde podría llegar al pleno durante la noche, lo que significa que el país podría tener un nuevo marco hídrico en cuestión de horas si se alcanzan los consensos necesarios.

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Las preocupaciones del sector agropecuario se centran en el impacto que una nueva ley podría tener sobre concesiones, productividad y certeza jurídica. Organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario han insistido en que el nuevo ordenamiento debe ser equilibrado y de largo plazo, capaz de proteger el patrimonio rural al tiempo que garantice el acceso al agua para toda la población. Para los agricultores movilizados, sin embargo, el temor es que una regulación acelerada termine afectando directamente al campo.

En un contexto donde el 75% del agua disponible para consumo en México se destina a actividades agrícolas, el debate adquiere un matiz estratégico. Las sequías recurrentes, el crecimiento urbano, los conflictos por concesiones y la presión climática han colocado al país ante una disputa inevitable: cómo regular el uso del recurso sin paralizar al sector que más depende de él y que sostiene buena parte de la soberanía alimentaria nacional.

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El llamado del sector privado agrícola apunta al diálogo y a un consenso amplio, asegurando que seguirán colaborando con el Gobierno federal hasta que todas las inquietudes se atiendan. Sin embargo, la presencia de tractores en las calles de la capital sugiere que una parte del campo considera que la discusión avanza demasiado rápido y sin escuchar suficientemente a quienes producen los alimentos.

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