Colectivos denuncian lentitud del Estado para identificar cuerpos en medio de crisis forense

Colectivos de búsqueda en Baja California Sur denunciaron la falta de celeridad del Estado para identificar cuerpos localizados en distintas jornadas, pese a que la propia autoridad ha reconocido que existe una crisis forense que impide dar respuesta a las familias.

En entrevista, Rosalba Ibarra Rojas, líder de Búsquedas San José del Cabo , recordó que en una reunión reciente con familias buscadoras el director de Servicios Periciales admitió que el sistema forense está rebasado por la cantidad de restos hallados en los últimos años.

“acepta y supone que no tienen el buscar ni el personal ni el equipamiento necesario para darles identidad con prontitud, y lo dijo así, tal cual, que no se puede; o sea, no era una cuestión de voluntad de él, sino que no tienen el recurso para poder darle identidad pronta a tantos cuerpos localizados. Esto es un problema no solamente en Baja California Sur, sino en todo el país. Desde que las madres buscadoras y los colectivos empezaron a cosa, que el gobierno nunca tuvo intención de hacer, se desató una crisis forense en todo el país” .

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En La Paz, particularmente en la zona de San Juan de la Costa , familiares y colectivos han mantenido búsquedas constantes debido al elevado número de restos encontrados en el último año. En este punto se han localizado más de 60 fosas clandestinas y más de 80 osamentas humanas , y prevén que las cifras aumenten conforme avancen los trabajos.

El activista señaló que, tanto en el gobierno federal anterior como en la administración actual, las reuniones con los colectivos se han quedado solo en compromisos. Hasta el momento no se han destinado recursos ni acciones efectivas para reducir el rezago en identificación forense , lo que prolonga la incertidumbre de cientos de familias.

Asimismo, advirtió que detrás de la lentitud institucional existe un cálculo político , ya que cada cuerpo identificado debe clasificarse como homicidio , incrementando las cifras oficiales de violencia. Explicó que los gobiernos suelen retrasar estos procesos para evitar que los números recaigan en la administración en turno, aun cuando los hechos corresponden a períodos anteriores.

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