Detenido sin orden judicial tras reelección de Maduro

Edward Ocariz cocinaba su almuerzo en una barriada de Caracas cuando llegó la policía a su casa. “Usted se va con nosotros”, dijeron los agentes, mientras vecinos les gritaban “¡malditos!”. Es uno de 2.400 detenidos tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.

No había orden captura. Se lo llevaron una semana después de la elección del 28 de julio, cuyos resultados desataron protestas en todo el país -incluidos sectores tradicionalmente dominados por el chavismo-, reprimidas por las fuerzas del orden. El torbellino dejó 27 muertos y casi 200 heridos.

Ocariz, de 53 años, vivía en Coche, barrio humilde en el oeste de la capital, donde denunciaba abusos del poder. Le imputaron delitos de “terrorismo, incitación al odio y escarnio en la vía pública” y lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad.

“Es injusto”, dice a la AFP su hermana, Sol, de 65. “No puedo permitir que a mi hermano, que es inocente, lo tengan preso. Era un activista de derechos humanos, lo que hacía era denunciar cuando se estaban cometiendo irregularidades”.

Sol muestra videos del momento del arresto poco después del mediodía: él en chanclas, camiseta y pantalones cortos, esposado y escoltado por cuatro oficiales encapuchados. “¡Se lo están llevando!”, se escucha en la grabación. “¡Malditos! ¡Algún día van a pagar!”, gritan vecinos desde sus balcones en el edificio.

Maduro asegura que los detenidos fueron reclutados por la oposición para imponer violencia en el país.

La protesta fue neutralizada rápido. Solo el primer día hubo más de 700 arrestos y el gobierno habilitó canales para delatar sospechosos en lo que se llamó “Operación Tun Tun”, en referencia al sonido del toque de puerta cuando llegan los oficiales.

Ya van más de 2.400 detenidos, más de 100 adolescentes entre ellos, que también enfrentan cargos de terrorismo.

Decenas de personas se congregaron a las afueras de los calabozos buscando noticias de sus familiares. La visita es limitada y un abogado privado, una rareza: la mayoría termina con defensores públicos.

“Las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pasaron a ser la nueva normalidad” con una “serie de patrones represivos”, denuncia la ONG de derechos humanos Provea, que reportó un promedio de 150 detenciones diarias en dos semanas. “Hemos pasado de un período de persecución selectiva a uno de persecución masiva”.