Lanzan iniciativa en el Congreso para sancionar el castigo corporal en niños

Durante el mes de abril y en el marco del Día del Niño, la diputada Eda María Palacios Márquez, perteneciente a la bancada del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), presentó ante el pleno del Congreso de Baja California Sur un punto de acuerdo para reformar y adicionar ordenamientos legales. El objetivo es permitir atender, sancionar y prohibir el castigo físico y humillante como forma de corrección o disciplina a menores de edad en todos los ámbitos, incluyendo escuelas y hogares de la media península.

Según lo expuesto por la diputada Palacios, durante el año 2020 se presentaron al menos 58 casos de lesiones en menores de edad en Baja California Sur.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se registraron en el estado 58 casos de víctimas menores de edad con lesiones por violencia en el año 2020. Además, de 2006 a 2021 se judicializaron alrededor de quinientos expedientes en donde las víctimas son menores de edad. En el lapso de los años 2018 a 2021 se ejercieron 55 condenas penales que sancionaron a perpetradores de delitos en contra de menores de edad.

Las reformas y adiciones a realizarse en los artículos 7, 10 y 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, buscan incorporar la definición del castigo corporal o físico como todo acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.

La propuesta de esta iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su aprobación. En caso de incluirse estas iniciativas, el estado de Baja California Sur se uniría al decreto presidencial aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión y publicado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 11 de enero de 2021. Este decreto prohíbe el castigo corporal y humillante en las leyes federales.