No podrán judicializarse casos en contra de funcionarios hasta que dejen su cargo

El Congreso del Estado de Baja California Sur rechazó en sesión privada el dictamen para retirar el fuero constitucional a la diputada Alondra Torres García y el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal, Ariel Castro Cárdenas. Lo que impide a la Fiscalía Anticorrupción continuar con el proceso judicial en su contra.

El fiscal anticorrupción en la entidad, Lenin Emiliano Ortiz Amao, señaló que el proceso legal seguirá su curso únicamente respecto a dos exfuncionarios que ya fueron vinculados a proceso y que no cuentan con fuero. Siendo el caso del exalcalde y del extesorero de Los Cabos, ambos fueron vinculados a proceso penal los días 13 y 18 de enero de 2025 respectivamente.

Sin embargo, en el caso de los funcionarios que conservan el fuero, el proceso legal no puede avanzar hasta que dejen el cargo o se apruebe una reforma que elimine esa figura de protección legal.

“Respecto de los dos servidores públicos, que de acuerdo a lo resuelto por el Congreso, ellos no se puede judicializar. Se suspende el término de la prescripción por lo que hace ellos y tendremos que esperar a que termine el encargo o bien a que proceda la iniciativa que elimine el fuero constitucional”, comentó Ortiz Amao.

Ortiz Amao reiteró que para realizar la judicialización de ambos funcionarios, así como en otros casos similares, es necesario que se presente la iniciativa de reforma para retirar el fuero constitucional en Baja California Sur.

“Esperemos que se presente la iniciativa, que avance e incluso se abre un área de oportunidad, puesto que, si hay diputados que públicamente han manifestado estar en contra del procedimiento de voto secreto, sería bueno que presenten la iniciativa para eliminar esa figura”, expresó Ortiz Amao.

El fiscal mencionó que desde su dependencia ya se cumplió con el procedimiento legal correspondiente al solicitar el desafuero en el momento procesal oportuno. Añadió que ahora la responsabilidad política recae en el Congreso del Estado para poder o no judicializar a ambos funcionarios.

AT