Juez federal de EE.UU. ordena regreso de venezolanos deportados por falta de debido proceso

En un fallo histórico, el juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ordenó al gobierno federal facilitar el regreso de un grupo de venezolanos que fueron deportados de manera sumaria. La resolución se centra en 137 ciudadanos de Venezuela que fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador el año pasado, bajo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de guerra rara vez utilizada.

El magistrado determinó que el gobierno violó los derechos constitucionales al debido proceso de los venezolanos, al expulsarlos sin permitirles impugnar las acusaciones que los vinculaban con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Según la orden judicial, el Gobierno de Estados Unidos debe ahora costear los vuelos de retorno o aceptar en los puertos de entrada a aquellos demandantes que se encuentren en terceros países y deseen continuar con sus procesos legales en territorio estadounidense.

Este fallo representa un revés significativo para las políticas de deportación masiva ejecutadas en los últimos meses. El juez Boasberg enfatizó que “el debido proceso no desaparece” incluso cuando el Estado actúa bajo poderes de emergencia. 

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La controversia escaló tras los informes de que los venezolanos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, antes de ser trasladados a su país de origen mediante un intercambio de prisioneros. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ACLU, denunciaron que muchos de estos hombres fueron señalados erronémamente por las autoridades migratorias del ICE.

Aunque la orden del juez Boasberg es inmediata, el Departamento de Justicia ha manifestado su intención de apelar la decisión, argumentando razones de seguridad nacional. No obstante, para los venezolanos que logren regresar, la estancia en el país no garantiza su permanencia definitiva, ya que deberán permanecer bajo custodia mientras se resuelven sus audiencias individuales y se verifica su estatus legal.

La administración federal tiene como fecha límite finales de febrero para entregar un informe sobre la viabilidad de repatriar a quienes aún se encuentran en Venezuela, dada la complejidad logística y diplomática entre ambas naciones. Por ahora, el fallo es un recordatorio del papel que juegan las cortes federales en el equilibrio de poderes respecto a la política migratoria de Estados Unidos.

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