Marchan 10 mil personas para exigir justicia por los normalistas de Ayotzinapa

Diez años después de la desaparición de los 43 estudiantes, las familias mantienen vivo el recuerdo de los normalistas y exigen justicia
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Marcha a 10 años del caso Ayotzinapa

Este jueves, cerca de 10 mil personas tomaron las calles del centro de la Ciudad de México para exigir justicia tras una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que permanece sin resolver, en gran parte por la supuesta complicidad del Ejército, según los manifestantes.

La marcha comenzó en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo, con los familiares de los desaparecidos liderando la manifestación bajo una intensa lluvia, mientras coreaban consignas como ‘¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!’.

Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos, afirmó que “el Gobierno intentó dividir el movimiento, pero no lo lograron”; asimismo, expresó su esperanza de que la nueva administración de Claudia Sheinbaum escuche sus demandas a partir del 1 de octubre.

La principal exigencia sigue siendo que regresen con vida a los 43 normalistas, además de un cese al encubrimiento de los responsables. La frase ‘Fue el Ejército’ resonó con fervor en las pancartas y discursos de los manifestantes.

Detrás de los familiares, se unieron miles de estudiantes, activistas y ciudadanos. Aunque la mayoría de la protesta fue pacífica, algunos grupos provocaron destrozos en la zona. Isidoro Vicario, abogado de las familias, subrayó que “no tenemos información que nos indique lo que realmente ocurrió” la noche del 26 de septiembre de 2014.

Estudiantes actuales de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ recordaron que el deseo de justicia sigue vivo. “Queremos cumplir su sueño de enseñar y también queremos justicia”, dijo un joven llamado ‘Yorch’.

Al llegar al Zócalo, los familiares reafirmaron su compromiso de no cesar en sus demandas, incluso con la nueva presidenta en el poder. En un acto simbólico, algunos manifestantes lanzaron petardos hacia la residencia de López Obrador, quien afirmó haber hecho “todo” lo posible en el caso.

La Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno, concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un “crimen de Estado”, implicando a autoridades de diversas instancias, incluidas las Fuerzas Armadas.