Nadie quiso escuchar las señales de alerta

El 4 de mayo de 2022, unas 300 personas provenientes de una caravana iniciaron una protesta en la Estación Migratoria La Mosca, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Se quejaban por lo prolongado de su “alojamiento”, por la incertidumbre jurídica en la que se encontraban, y sobre todo, por las condiciones indignas del centro de detención.

El personal del Instituto Nacional de Migración, INM, no supo manejar la situación. Se desató un violento forcejeo. Los funcionarios terminaron por abrir las rejas; los retenidos salieron en estampida.

Al recibir la queja de varios de los migrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una visita de inspección en el centro. En su reporte (que dio origen a la Recomendación 197/2022) acreditaron en La Mosca cientos de personas se hacinaban entre “baños inservibles, sin agua y desbordados de materia fecal”.

Todo esto en medio de un calor extremo y la carencia de ventilación natural.

El informe de los visitadores subrayó la situación de vulnerabilidad en que se hallaba la estación migratoria. El personal del INM había dejado de observar las normas para el funcionamiento de estaciones y estancias migratorias. El número de personas alojadas excedía en mucho al del personal adscrito al centro. Las instalaciones no contaban con las medidas de seguridad necesarias.

La CNDH determinó que el INM había incurrido en responsabilidad institucional al no haber adoptado “medidas apropiadas de carácter administrativo y presupuestario” para asegurar el funcionamiento de la estación.

Veinte días más tarde, cien ciudadanos salvadoreños que protestaban por su prolongada estancia La Mosca, y que exigían que se resolviera su situación migratoria, fueron sometidos por elementos de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal, que irrumpieron en el centro con equipo antimotines.

Los migrantes fueron sometidos y concentrados en un patio. A 28 de ellos los llevaron a los baños.

En ese sitio, con la anuencia del personal del Instituto Nacional de Migración, según pudo constatar la CNDH, se les agredió con bastones, martillos, barras de hierro y “piedras o superficies duras como el piso o la pared”.

Desde 2019 el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano denunció que en La Mosca había solo dos garrafones de agua para 370 personas que vivían hacinadas en la insalubridad, con una cantidad exigua de comida, y con falta de atención médica, así como de medicamentos.

En noviembre de ese año, antes las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, la estación de La Mosca fue clausurada, ante la imposibilidad de que se le rehabilitara. Durante varios años había alojado, precisamente en esas condiciones, a miles de migrantes.

La estación fue clausurada, pero las condiciones no cambiaron: basta revisar las Recomendaciones emitidas por la CNDH en los últimos años para constatar, además del maltrato sistemático a personas en condición de migración, a la situación en que hallan centros migratorios, digamos, de Palenque, Tuxtla, Villahermosa y la Ciudad de México.

La misma historia de La Mosca: hacinamiento, sobrepoblación, condiciones indignas e insalubres, sanitarios que no funcionan, golpes, insultos, malos tratos y el uso excesivo de la fuerza en labores de contención de los migrantes que protestan.

Hace apenas seis meses, en septiembre de 2022, la CNDH emitió la Recomendación 176/2022, que involucra a la Estación Siglo XXI de Tapachula, Chiapas. Ahí, otras 22 que se rebelaron por las razones consabidas –confinamiento excesivo, hacinamiento entre mugre, incertidumbre sobre su situación migratoria— fueron atacados con toletes, bastones eléctricos y gases lacrimógenos. Nuevamente, con la anuencia de personal del INM.

Los migrantes fueron conducidos al patio de recreación y tendidos bajo una fuerte lluvia durante varias horas: los acusaban de amotinamiento en flagrancia, de daño al acervo del INM, de lesionar al personal de la Guardia que había entrado provisto de cascos, escudos, bastones, toletes.

En diciembre de 2021, un tráiler se impactó contra un puente en la carretera que va de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla, Gutiérrez. El chofer se dio a la fuga, dejando en el camión a 56 migrantes muertos. Venían de Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua.

Un año más tarde no había responsables y los lesionados y los deudos seguían sin saber si había siquiera una investigación. La CNDH determinó, en su Recomendación 256/2022 que el tráiler no había sido sometido a revisión migratoria, o que al menos no había registro de que esta revisión se hubiera efectuado: personal del INM había violado la Ley de Migración, probablemente por las razones consabidas.

En solo dos años, la CNDH ha recibido 4,429 quejas que involucran a personal del INM a cargo de un amigo del presidente: Francisco Garduño.

La tragedia de Ciudad Juárez, en la que perecieron calcinados y asfixiados 39 migrantes encerrados bajo llave en un centro de detención, es la culminación de una política migratoria marcada por la incuria, la improvisación, el desprecio y los recortes presupuestales, que llevaba años haciendo sonar señales de alerta que nadie quiso escuchar, porque en México todo es apagado por la risa feliz y estentórea del presidente.

Esa risa que vimos en la “mañanera”, un día después de la tragedia.