Rigoberto Mares acusa “golpe fiscal” y uso electoral de recursos en BCS

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El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Rigoberto Mares, lanzó una dura crítica contra el gobierno de Baja California Sur al afirmar que, pese a lo que declara públicamente el gobernador, sí ha habido aumentos de impuestos que golpean a los sectores productivos.
Mares señaló que el incremento al impuesto al hospedaje ya fue consumado y que ahora la administración pretende elevar del 2.5% al 3% el impuesto sobre la nómina, una decisión que —advirtió— afecta directamente a trabajadores, comercios y empresas locales.
“Que no diga el gobernador que no ha aumentado impuestos; por supuesto que los han aumentado. Aumentaron el impuesto al hospedaje y ahora quieren subir el impuesto de la nómina. Y no es el empresario quien lo paga al final… es el trabajador, es la economía de los sudcalifornianos.” —Rigoberto Mares.
Mares añadió que, lejos de impulsar incentivos o una estrategia económica sólida, el gobierno se limita a “cargarle la mano” a quienes generan empleo. Afirmó que el crecimiento económico del estado no es producto de políticas públicas, sino del esfuerzo de la ciudadanía y de la actividad turística que opera a pesar de las decisiones oficiales.
“Lo único que están haciendo es castigar a la formalidad”, dijo, al señalar la ausencia de programas de apoyo a pequeñas empresas, de obra estratégica o de una visión de largo plazo para fortalecer la economía sudcaliforniana.
El presidente estatal del PAN también denunció que se han utilizado recursos del gobierno de Baja California Sur para movilizaciones políticas, tanto dentro como fuera del estado. Recordó que existen pruebas de boletos de avión pagados con dinero público para asistir a eventos partidistas en Ciudad de México.
“Vimos cómo usaron recursos del gobierno para mover gente al Zócalo… y aquí mismo en el estado se están utilizando recursos para movilizaciones políticas. Es un abuso y lo hemos denunciado.” —Rigoberto Mares.
Mares advirtió que esta práctica, sumada a la falta de transparencia en el gasto, genera incertidumbre para la inversión y debilita la confianza en las instituciones. Llamó al Congreso estatal a frenar cualquier intento de aumentar la carga fiscal sin justificación técnica y exigió claridad en el uso del presupuesto público.