Verifican que 91 empresas de seguridad privada cumplan los estándares en BCS

La Dirección de Seguridad Privada ha supervisado a 91 empresas y registrado a más de 2,700 guardias en operativos realizados en todo el estado
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En un esfuerzo por garantizar que las empresas de seguridad privada cumplan con los lineamientos legales vigentes, la Dirección de Seguridad Privada, bajo la Secretaría de Seguridad Pública, ha llevado a cabo 90 operativos de verificación en lo que va del año, informó Francisco Javier Ruiz Tapiz, titular de la dependencia.

Estas inspecciones han abarcado los cinco municipios de Baja California Sur, incluyendo localidades como La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, El Vizcaíno, Mulegé y Loreto. Durante los operativos, se visitaron 91 empresas de seguridad privada y se registraron un total de 719 guardias, lo que suma un estado de fuerza de 2,753 elementos activos en la entidad.

El director Ruiz Tapiz destacó que estos operativos tienen como objetivo asegurar que las empresas cuenten con los permisos actualizados y cumplan con la normativa vigente, proporcionando a la ciudadanía certeza jurídica y confianza en los servicios contratados. Además del equipamiento, se supervisa el registro de los guardias, verificando que todos los elementos operen dentro del marco de la ley.

En el transcurso de estas revisiones, se identificaron varias empresas que operaban con permisos vencidos u otras irregularidades. Como resultado, seis negociaciones fueron rescindidas y 15 empresas fueron inhabilitadas temporalmente, otorgándoseles un plazo para regularizar su situación antes de enfrentar sanciones más severas o la cancelación definitiva de sus servicios.

Por otro lado, Ruiz Tapiz mencionó que siete empresas han obtenido sus permisos para operar en el estado durante este año, y aprovechó para invitar a la ciudadanía a consultar el padrón estatal de empresas de seguridad privada con permisos vigentes en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Este esfuerzo busca promover un entorno de seguridad en el estado, en el que tanto empresas como ciudadanos puedan contar con servicios que cumplan con la normatividad y ofrezcan protección confiable.

Valeria Mireles