Eliminación de carta de antecedentes penales avance a la inclusión, dice Asociación de RH

La eliminación de la carta de antecedentes no penales ha generado sorpresa y dudas en el sector empresarial. El Senado de la República aprobó esta reforma a la Ley Federal del Trabajo con el propósito de facilitar la integración de quienes hayan cumplido sus sentencias en la sociedad.

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Según Luis Antonino Olachea, representante de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Los Cabos, esta medida promueve la inclusión en lugar de la discriminación de quienes buscan un lugar en la fuerza laboral del país.

“Primero ya pasó al Senado y falta la parte de la Cámara de Diputados, creo que esto tiene que ver con este movimiento de inclusión y de no discriminación que en varios aspectos se han estado promoviendo dentro de la cultura laboral mexicana. Al final de cuentas, una persona que ha cometido un delito o un crimen, y ya pagó su deuda a través de una sentencia, es una persona que se encuentra lista para incorporarse; cumpliendo su deuda con la sociedad, con lo que conlleva poder contar con un trabajo digno, honesto y bien remunerado”.

La iniciativa ha avanzado a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Los ejecutivos de recursos humanos enfatizaron que las políticas de selección de colaboradores dependen de cada empresa.

Antonio Olachea subrayó la importancia de que la ley establezca pautas específicas a considerar al contratar a alguien, con el pleno respeto de los derechos tanto del empleado como del empleador.

“Cada empresa tiene sus políticas, obvio que existen posiciones muy particulares, inclusive la ley en esta norma que está proponiendo, contempla instituciones de seguridad pública y privada las sigan solicitando por solicitantes del puesto. Me imagino que ya promulgada la ley, tendrá sus detalles al respecto”.

La Coparmex en Los Cabos y otras cámaras empresariales han subrayado la necesidad de un análisis exhaustivo por parte de los legisladores federales antes de aprobar reformas de este tipo. A pesar de su apoyo a los derechos de las personas, insisten en que es crucial garantizar la seguridad y los derechos de los empresarios y su patrimonio.

LLG