Gabriela murió tras una brutal agresión en Mulegé; presunto agresor pide arresto domiciliario

Gabriela Fregoso falleció el 31 de diciembre de 2021, ocho meses después de haber sido brutalmente agredida en Bahía Asunción, Mulegé, presuntamente por su expareja y padre de su hijo, Edgar “N”. Aunque Gabriela murió a causa de las lesiones, el delito fue tipificado inicialmente como feminicidio en grado de tentativa, ya que el proceso judicial comenzó antes de su fallecimiento.

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Edgar “N” permaneció prófugo durante más de tres años, hasta ser repatriado desde Estados Unidos y detenido. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fue capturado el 9 de marzo en Mexicali, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso penal en Baja California Sur. Sin embargo, su defensa ha solicitado que la medida cautelar de prisión preventiva se sustituya por arresto domiciliario.

Arcelia Pazos, activista del Observatorio de Feminicidios de Ensenada, advirtió que esta solicitud representa una amenaza para el debido proceso y una ofensa para la familia de la víctima.

“Edgar “N” estuvo prófugo de la justicia durante más de tres años, que estuvo escondido en Estados Unidos desde donde fue repatriado hace algunas semanas. El inicio su proceso legal y ayer nos enteramos que su defensa busca que este proceso lo enfrente en un arresto domiciliario y no en prisión, lo cual además de ser una ofensa para la familia de Gabriela, representa un riesgo y peligro para el desarrollo de este caso que ya se ha tardado prácticamente cuatro años en tener justicia”, expresó Arcelia Pazos.

Ante este panorama, la familia de Gabriela, amigos y colectivos feministas han emitido un pronunciamiento para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, con el fin de evitar que se otorgue el amparo solicitado por Edgar “N” para llevar su proceso en arresto domiciliario. Advierten que, tras más de tres años de impunidad y evasión, concederle ese beneficio legal sería un retroceso en la búsqueda de justicia, además de representar un mensaje peligroso para otras víctimas de violencia. También exigen garantías de seguridad para los testigos y un seguimiento puntual del proceso judicial.

AT