Gobierno de México impugnará fallo a favor de proyecto minero en BCS

El Gobierno de México anunció que impugnará el fallo de un tribunal internacional que favorece a la empresa Odyssey Marine Exploración, la cual fue autorizada a recibir una indemnización de 37.1 millones de dólares tras la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a su proyecto de dragado marino en Baja California Sur. La Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes, argumentando deficiencias en la resolución.

El conflicto se remonta a 2016, cuando la SEMARNAT rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, propuesto para el Golfo de Ulloa. La obra implicaba la extracción de siete millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, en un área marina cercana a la costa sudcaliforniana.

México defendió su decisión argumentando que la zona es un ecosistema delicado que alberga especies protegidas, como la tortuga caguama y las ballenas gris y azul. Además, señaló la falta de experiencia de Odyssey en la minería, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos, y destacó que las técnicas de dragado propuestas no han sido aplicadas en ningún lugar del mundo.

Sin embargo, el tribunal del El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo mayoritario a favor de la empresa, obligando a México a pagar una suma que representa solo el 1.18 % de los 3 mil millones de dólares que Odyssey había reclamado. Dos testigos clave de la empresa, ambos exdirectivos de la Semarnat, argumentaron que la negativa de la MIA se debió a motivos políticos, lo que, según México, fue influenciado por un conflicto de interés debido a los pagos recibidos por estos exfuncionarios.

Un árbitro del tribunal emitió una opinión disidente, señalando que las preocupaciones ambientales de México fueron ignoradas y calificando el fallo como “inquietante”. Debido a estas discrepancias, el Gobierno de México buscará la anulación del laudo y reiteró que seguirá defendiendo sus recursos naturales ante cualquier intento de favorecer intereses privados.

YJ