31 años de prisión por usar inhibidores de señal y robo agravado en Jalisco

Tres individuos, fueron sentenciados por portar  inhibidores de señal; al ser detenidos en la colonia La Ladrillera, en Tonalá, Jalisco. Durante el operativo, los elementos de la Guardia Nacional lograron asegurar un tractocamión, dos semirremolques, un dolly, robados; además de dos equipos de inhibición de señal.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó las pruebas necesarias que derivaron en la condena de 31 años y cinco meses de prisión contra los acusados Alejandro “G”, Juan “G” y Carlos “A”, quienes actualmente purgan su condena en el Complejo Penitenciario de Puente Grande.

Desde enero de 2020, con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y al Código Penal Federal, el uso de inhibidores de señal quedó prohibido para cualquier actividad fuera de las funciones oficiales de seguridad pública y reinserción social, debido al creciente uso de estos dispositivos en actividades criminales.

Estos inhibidores de señal, conocidos también como “jammers”, permiten a los delincuentes bloquear los sistemas de localización de vehículos, dificultando la labor de las autoridades y aumentando los riesgos en las carreteras del país.

La legislación vigente sanciona con penas de doce a quince años de prisión el uso no autorizado de inhibidores, aumentando hasta dieciocho años si los responsables son servidores públicos o si utilizan los dispositivos sin autorización de sus superiores.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público Federal demostró que los ahora sentenciados emplearon los equipos para facilitar el robo de unidades de transporte, acción que configura el delito de robo equiparado agravado, además de la portación ilegal de dispositivos prohibidos.

El operativo que condujo a su detención se realizó de manera coordinada entre la Guardia Nacional y la Fiscalía, mostrando la efectividad de las estrategias contra el crimen organizado y el tráfico ilegal de tecnología de bloqueo.

Las autoridades federales recordaron que únicamente las instancias oficiales pueden operar inhibidores de señal, por lo que su uso indebido sigue siendo perseguido como un delito grave que afecta la seguridad pública y la integridad de las telecomunicaciones nacionales.