Designan a Karla Mendoza como Contralora

En sesión extraordinaria del jueves 26 de mayo, el Pleno del Congreso del Estado de la XVI Legislatura de Baja California Sur, aprobó la propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que la licenciada Karla Mendoza Higuera ocupe la titularidad de la Contraloría del Poder Legislativo; la presidenta de la mesa directiva, diputada Gabriela Montoya Terrazas le tomó protesta como Contralora del Poder Legislativo para desempeñarse durante el periodo de 2022 – 2026.
El Presidente de la JUGOCOPO, diputado José María Avilés Castro informó ante el Pleno que el pasado 25 de mayo en sesión del órgano de gobierno se sometió a votación la propuesta de Mendoza Higuera, quien acreditó cumplir con los requisitos para ocupar el cargo, misma que fue sometida a votación del Pleno mediante cedula secreta, resultando electa por unanimidad.
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Mendoza Higuera fue propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y durará en su cargo un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.
Conforme al Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Contraloría:
“Será responsable del control, evaluación y desarrollo administrativo del Poder Legislativo, dependerá directamente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política”.
Entre sus funciones enlista el vigilar el registro, ejecución, avance físico y financiero, publicación, liquidación y entrega de recursos que ejerza el Congreso del Estado; Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos del Poder Legislativo que puedan constituir responsabilidades administrativas; Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Vigilar que las dependencias y unidades cumplan con las políticas y programas establecidos por la Junta de Gobierno y Coordinación Política; Fiscalizar que las dependencias del Poder cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, entre otras.