Lezama impulsa nuevo impuesto para rescatar infraestructura crítica en la zona hotelera de Cancún

Explicando la urgencia financiera que enfrenta la zona hotelera de Cancún, el gobierno de Quintana Roo decidió crear un nuevo impuesto dirigido exclusivamente a obtener recursos frescos para obras de infraestructura y mantenimiento en ese corredor turístico. La medida surge como respuesta directa al retiro de responsabilidades por parte del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), que por años administró y conservó la columna vertebral de servicios en el corazón turístico del Caribe mexicano.

Profundizando en esta transición, el proyecto fiscal se integra al paquete económico 2026 que el Congreso estatal comenzó a analizar esta semana, y cuyo eje es garantizar que las obras públicas necesarias para el funcionamiento de la zona hotelera no queden a la deriva. El gobierno estatal afirma que, al asumir plenamente estas tareas, necesita nuevos mecanismos recaudatorios para sostener vialidades, servicios y equipamiento urbano que soportan millones de visitas anuales.

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Detallando el alcance de la medida, el impuesto se aplicará únicamente a propietarios o poseedores de inmuebles situados dentro de la zona hotelera, lo que incluye desde hoteles y comercios hasta departamentos y locales en condominios. La intención es que quienes reciben el beneficio directo de la plusvalía y el mantenimiento participen también en la financiación de las obras que los sostienen.

Profundizando en la justificación gubernamental, la contribución se basa en el principio de beneficio directo: si el Estado ejecuta obras que elevan el valor, funcionalidad y condiciones de los inmuebles en la zona turística, esos propietarios —argumenta la administración— deben aportar proporcionalmente al costo de tales trabajos. El impuesto sería, así, una herramienta para cerrar el boquete presupuestal que dejó la salida de Fonatur.

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Contextualizando el problema financiero, este ajuste ocurre tras un severo recorte en el Fideicomiso de Fomento para la Actividad Turística de Quintana Roo (Foatqroo), que en octubre recibió un presupuesto casi 50% menor al de años anteriores para el mantenimiento de la zona hotelera. Con menos recursos y mayores responsabilidades, la presión por encontrar alternativas se volvió ineludible.

Analizando la repercusión para residentes e inversionistas, la medida reconfigura la relación fiscal entre el Estado y quienes operan dentro del corredor turístico más importante del país. Aunque el gobierno insiste en que la contribución se traduce en mejores servicios y mayor competitividad, algunos propietarios temen un encarecimiento operativo que podría impactar en rentas, cuotas de mantenimiento y costos hoteleros.

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Finalmente, el debate se centra en si este impuesto logrará equilibrar las finanzas sin lastimar la dinámica turística. Para el sector público se trata de un esfuerzo por proteger un activo nacional; para los contribuyentes, un ajuste que llega en un momento de incertidumbre económica y de cambios profundos en la gobernanza del destino. El Congreso decidirá en las próximas semanas si avala esta nueva pieza fiscal.

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