EE.UU. militariza inmigración: planean encerrar migrantes en dos bases del Pentágono

El Pentágono, bajo la dirección del secretario de Defensa Pete Hegseth, ha anunciado en las últimas horas su intención de albergar migrantes en instalaciones militares: específicamente en Camp Atterbury (Indiana) y en la Joint Base McGuire‑Dix‑Lakehurst (Nueva Jersey), en un esfuerzo para ampliar la capacidad de detención hasta 100,000 plazas.

La medida encaja en la estrategia agresiva del presidente Trump para intensificar el control migratorio, y surge ante la falta de espacio en instalaciones actuales, mismas que albergan unos 60,000 detenidos.

Hegseth asegura que el uso de estas bases “no afectará la preparación militar”, y detalló que los migrantes serían trasladados y gestionados temporalmente sin interferir en funciones castrenses.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, explicó que se busca “retirar personas de las calles” tan pronto como se encuentren plazas, argumentando una necesidad urgente de espacio.

La propuesta ha generado rechazo.

Legisladores demócratas por Indiana y Nueva Jersey han cuestionado su impacto en las operaciones militares y advierten sobre potenciales redadas en comunidades locales.

Además, grupos de derechos civiles como la ACLU advierten que usar las fuerzas armadas para retener migrantes representa un precedente peligroso que atenta contra los valores constitucionales.

Esta iniciativa no surge de la nada: se inscribe en una tendencia de militarización migratoria previa.

A principios de 2025 ya se habían creado dos “zonas de defensa nacional” a lo largo de la frontera con México —una en Texas y otra en Arizona— donde tropas del Ejército pueden detener temporalmente migrantes sin activar la Ley de Insurrección de 1807.

En ellas ya se han registrado detenciones, aunque tribunales han rechazado cargos por invasión cuando los migrantes no sabían que estaban entrando en zonas restringidas.

Mientras tanto, desde enero se han enviado migrantes a la base de Guantánamo. En febrero, 178 venezolanos fueron llevados allí y algunos ubicados en Camp 6, parte de la prisión militar de máxima seguridad.

Este plan, que podría tener capacidad para 30,000 personas según un memorándum presidencial, ha implicado costos de decenas de millones de dólares y enfrenta fuertísimas críticas de organizaciones de derechos humanos.

El uso de espacio militar para inmigración no es nuevo: bajo los gobiernos de Obama y Trump se utilizaron bases en Texas, Oklahoma y California para retener principalmente niños migrantes, aunque por periodos breves.

Sin embargo, el actual plan escala la práctica al proponer centros de detención permanentes o prolongados dentro de instalaciones designadas como militares.

Expertos jurídicos han alertado que estas acciones podrían violar la Posse Comitatus Act, la legislación federal que limita las funciones policiales del Ejército, aunque defensores argumentan que la clasificación de estas zonas como instalaciones militares podría sortear esa restricción.

A nivel político y social, esta estrategia de militarización migratoria cumple con la promesa central de Trump de frenar la migración ilegal.

Sin embargo, despierta un debate intenso sobre las implicaciones a largo plazo en materia de derechos humanos, costos presupuestarios, transparencia y los límites de uso de la fuerza militar en asuntos civiles.

La tensión se acentúa: por un lado, una narrativa de seguridad y control, por otro, el cuestionamiento de su impacto en la democracia y las libertades civiles.

El Pentágono ya está en marcha: solo queda preguntar cuánto costará defender esa línea en tribunales, medios y opinión pública.