PAN señala normalización del crimen tras polémica por regidora y aparición de narcomantas

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares, pidió al gobierno del estado y al Ayuntamiento de La Paz tomar con seriedad los señalamientos públicos que vinculan a funcionarios con la delincuencia organizada, incluyendo las recientes narcomantas y la polémica por la vestimenta de la regidora María del Carmen Aguilar Mendoza.
La regidora, integrante de Morena, fue apodada en redes sociales como la “Chapo Regidora” luego de difundirse imágenes en las que aparece en una reunión oficial usando una camiseta con alusión al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, parodiando al personaje de videojuegos Mario Bros.
“Nos parece absolutamente inaceptable en cualquier servidor público, porque podríamos estar frente a la constitución de un delito como lo es la apología del delito, el incitar a otras personas a que practiquen actividades delincuenciales”, expresó Mares.
En ese contexto, Mares también se refirió a las mantas colocadas recientemente en distintos puntos de Baja California Sur, las cuales contienen señalamientos directos contra funcionarios públicos, acusándolos de presuntos vínculos con el crimen organizado. Aunque reconoció que el contenido de las narcomantas no ha sido confirmado oficialmente, advirtió que este tipo de mensajes reflejan una creciente desconfianza social y generan dudas legítimas sobre la actuación de algunos servidores públicos.
“Aunque digan que los señalamientos de las narcomantas pueden ser mentira, no puede uno más que dudarlos y decir: ¿hasta dónde los funcionarios del gobierno están actuando para la delincuencia organizada?”, cuestionó el dirigente.
Mares calificó como grave la situación y llamó al gobernador del estado y a la alcaldesa de La Paz a investigar con seriedad las mantas que señalan a funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado. Señaló que no deben ignorarse, pues generan desconfianza en la ciudadanía.
También pidió a los servidores públicos mayor responsabilidad y rechazó cualquier expresión que normalice la violencia o pueda interpretarse como apología del delito, al advertir que el Estado no puede ser cómplice del silencio ni de la impunidad.
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