PGJE de Baja California Sur despide a funcionario por falta de lealtad y profesionalismo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó la remoción de uno de sus funcionarios tras determinar una pérdida de confianza en su desempeño. La decisión, basada en la evaluación del profesionalismo y la lealtad institucional, se tomó como parte de los procesos de depuración interna que busca fortalecer la integridad de la máxima instancia de procuración de justicia en la entidad, bajo la dirección de Daniel de la Rosa Anaya.

El cese del servidor público, cuya identidad se mantiene bajo reserva por procesos administrativos, responde a acciones que contravienen los principios éticos de la PGJE. Según el reporte oficial, el funcionario no cumplió con los estándares de rigor y honestidad que exige la institución para garantizar el debido proceso en las investigaciones criminales en La Paz y el resto del estado.

Esta remoción se suma a los esfuerzos del Gobierno de Baja California Sur por mantener instituciones confiables. La pérdida de confianza es una figura jurídica que permite a las dependencias de seguridad y justicia prescindir de elementos que pongan en riesgo la operatividad o la secrecía de las indagatorias. El proceso se realizó con estricto apego a la ley, asegurando que no se vulneraran los derechos laborales, pero priorizando el interés público.

La institución ha mantenido una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción o negligencia. En meses anteriores, la PGJE ha enfrentado retos importantes en la certificación de sus elementos a través de los exámenes de control y confianza. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la depuración constante es clave para que Baja California Sur se mantenga como uno de los estados con menores índices de impunidad en delitos del fuero común.

Es importante señalar que la lealtad institucional es un pilar fundamental en las corporaciones policiacas y de justicia. Cuando un funcionario de la Procuraduría falla en estos principios, se pone en duda la cadena de custodia y la veracidad de las pruebas presentadas ante los jueces. Por ello, la remoción inmediata actúa como un mecanismo de control preventivo para evitar filtraciones de información sensible hacia grupos delictivos o el entorpecimiento de carpetas de investigación vigentes.

Finalmente, la PGJE exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto irregular cometido por servidores públicos de la institución a través de la Contraloría Interna. La transparencia en estos procesos de remoción busca enviar un mensaje claro a la sociedad paceña: no habrá impunidad para quienes, desde el interior del gobierno, traicionen la confianza de los ciudadanos que buscan justicia en Baja California Sur.

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