Profepa ya interpuso una denuncia por daños ecológicos

Luego de que finalmente sacarán a flote los restos de la embarcación “Fortius” del fondo de la bahía de Balandra, ésta se encuentra nuevamente en el fondo del mar, pero ahora en la zona conocida como “Punta diablo”; así lo dio a conocer el director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), Alberto Guillen Guadarrama.

Explicó que poco antes de las siete de la tarde del jueves la empresa encargada de las labores de extracción, Abaroa, concluyó las maniobras dentro del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Balandra, y emprendieron el traslado de los restos hacia un astillero cuando tuvieron problemas para continuar con el arrastre debido a las condiciones del clima y la marejada que provocó a su paso el buque ‘San Guillermo’. 

“Se empezaron a reventar los amarres que tenían y empezaron a sentir cómo los jalaba, entonces tuvieron que cortar las cuerdas con las que lo venían jalando porque el barco se empezó a ir hacia atrás, y obviamente el riesgo era que se los llevara o que pudieran tener un accidente y decidieron cortar las cuerdas”, detalló. 

Añadió que fue alrededor de las once de la noche cuando por seguridad de los tripulantes de la embarcación ‘Accolade’ cortaron los cabos de arrastre y lo que quedaba del ‘Fortius’ volvió a sumergirse, y será hasta que abran nuevamente a la navegación que evalúen la situación de la embarcación y se tomen decisiones al respecto. 

En cuanto al riesgo de contaminación en la nueva zona de hundimiento, Guillen Guadarrama, comentó: 

“Decían que el tanque ya no tenía diésel, que cuando se hacían manches en el agua era el material quemado que había estado como remojado en el diésel y flotaba a la hora de estar haciendo movimientos, entonces, contaminación por combustible podría ser que no, a reserva de que vayan y hagan una inspección en el área”. 

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), emitió un comunicado para informar que el 24 de agosto interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental previstos en el artículo 414 del Código Penal Federal. En razón de que los hechos pasaron en un Área Natural Protegida (ANP), la pena de prisión puede ser hasta tres años y la sanción económica por un máximo de mil días de multa.