Caso de marinero desaparecido hace 17 años podría reabrirse por fraude

Luego de que Mercedes Calderón Espinoza interpuso una demanda en contra del ex patrón de su esposo desaparecido hace 17 años en altamar por los efectos del huracán “Enriette” en costas de La Paz, comenzó su peregrinación en los tribunales del estado.

La viuda de Ricardo Núñez Arce, pescador y prestador de servicios, denunció presuntos actos fraudulentos en el caso, debido a que nunca obtuvo una indemnización por fallecimiento por riesgo de trabajo, ni mucho menos una pensión económica que cubriera las necesidades de la familia de la víctima.

La mujer presentó la denuncia con número de expediente 182/2008 ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado bajo el expediente LPZ/1320/TUR-2/2007), para resolver la situación del seguro de vida de su marido, aunque los mismos encargados de la empresa para la que trabajaba Ricardo reconocieron que lo dejaron abandonado en la isla en lugar de llevárselo a tierra firme para resguardarse durante la tormenta.

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Según la denuncia tomada por la PGJE, el padre del patrón del marino desaparecido aceptó que su hijo Eduardo lo dejó a su suerte, manifestando que:

“Ricardo Núñez Arce laboraba de manera ocasional y temporal para la empresa, ya que únicamente lo contrató para ciertos trabajos y él me los realiza. El domingo 2 de septiembre del 2007, acudió al campamento que tenemos en la isla espíritu santo para retirar el campamento por el clima, ya que se acercaba el huracán, para esto, mi hijo Ricardo se encontraba fuera de la ciudad, pero él mismo lo había llevado a la isla Espíritu Santo”.

A pesar de que los dueños de la empresa reconocieron haber dejado desprotegido a Ricardo en plena emergencia meteorológica, la denuncia jamás avanzó, según la mujer afectada. Incluso una segunda denuncia realizada con el expediente 409/2008/I en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que:

“No existen antecedentes de que a Ricardo Núñez le haya ocurrido un accidente de trabajo como manifestó la esposa, situación que el IMSS desconoce toda vez que no es suficiente el solo hecho de demandar esta prestación para que se reconozca, sino que es necesario que al sufrir el accidente de trabajo se dé aviso al IMSS”.

Las mismas autoridades penales y representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social pusieron trabas para que Mercedes no consiguiera la pensión por viudez que por ley le correspondía, a pesar de las denuncias en contra de la empresa que tenía contratado a su esposo por haberla dejado en estado de indefensión, como ella lo declaró.

“Me estuvieron dando hacer vueltas y vueltas hasta que llegó el momento que el señor Cecilio Padilla, que era el procurador en ese momento, me pidió que le firmara que yo renunciaba, que no tenía caso que yo siguiera viniendo, y me dijo –fírmele que está de acuerdo, ni modo ya no se encontró el cuerpo, no podemos hacer nada, así que me firme que está de acuerdo -, yo le dije que no iba a firmar porque fue una persona quien murió, yo no puedo quedarme así”.

Mercedes nunca firmó el documento que la obligaba a renunciar a sus exigencias y dar por terminada la batalla legal para que los encargados del caso dieran carpetazo a las investigaciones. La madre de familia acusó que, tras varios seguimientos de licitación con el personal administrativo y jurídico del IMSS, se documentó en otra audiencia de resolución de caso tampoco se pudo llegar a un acuerdo para el pago de todos y cada una de las aportaciones que se hayan llegado a adeudar a la víctima con respecto al incidente de liquidación.

“Sí fue muy injusto todo. No se dieron las leyes como eran, y es lo único que estoy pidiendo que se resuelva el caso porque él tenía un seguro que deberían haber respetado. Y no lo hicieron, ni el patrón que declaró la muerte de él, cuando lo debió haber hecho desde un principio, y que quizás si yo hubiera sabido yo se lo exijo, pero a él se le hizo más fácil darlo de baja a los meses”.

No obstante, tras 17 años de conflictos y lucha, la madre de familia logró que otras instancias legales se colocaran de su parte y defendieran los derechos labores de su marido para que se hiciera justicia en el largo caso. En una denuncia recibida por la Secretaría de Gobernación, con el oficio SEGOB/UG/REPBCS/007/2024, se determinó que hubo coalición y conflicto de intereses por parte de las personas denunciadas por haber llevado un proceso fraudulento desde el día posterior al accidente de Ricardo Núñez.

La unidad de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación valoró las pruebas para prepararse ante una posible nulidad de juicio concluido, por presuntos actos de fraude presentados en las investigaciones. Por lo anterior, se comprobó que la víctima fue dada de baja del seguro social el 28 de agosto del 2009, según la constancia de semanas cotizadas del IMSS. De esta manera, el Código Federal de Procedimientos Civiles buscará probar que el fallecimiento se dio durante el periodo activo, anulando todos los procesos anteriores y reabriendo el caso con intervención de la autoridad judicial y sin expedientes vaciados u otras instancias que interfieran en los avances.

Después de enterarse de la alternativa de una apertura de caso, Mercedes buscará presionar con más fuerza para obtener lo que por ley le corresponde a su familia, honrando a su esposo y velando por sus seres queridos que siempre fueron el motor principal que impulsaba a Ricardo a embarcarse en las profundidades del mar para obtener sustento y mejorar su calidad de vida.

“Se supone que es lo que estamos tratando de hacer, que se reabra el caso, de que en realidad se haga justicia realmente porque hubo un muerto, pero de ahí no se ha hecho nada. Yo ignoré muchas cosas que debería haber hecho en ese momento, pero se supone que los patrones estaban para guiarme, para decirme –sabes que, ¿ocupas esto? – yo junte los papeles que me daban, pero nunca los aceptaban porque necesitaban un acta de defunción”.

Tras una solicitud que demoró varios meses, Mercedes finalmente recibió en sus manos el acta de defunción de su esposo, con la que podría acreditar el fallecimiento y darle un nuevo giro al caso. Ahora, la jefa de familia apelará nuevamente por la legitimidad de los derechos laborales con el objetivo de percibir las prestaciones que le corresponden a quien fuera su compañero sentimental y lograr esa justicia que se le ha negado en 17 años.

EU