“Las sanciones tienen que ser más severas”: activista sobre mutilaciones a mascotas

La representante del grupo de rescatistas Huellitas Paceñas Chinchurria, Leticia Araiza, manifestó su total respaldo a la iniciativa presentada por la diputada Guillermina Díaz Rodríguez para prohibir la mutilación estética de animales domésticos en Baja California Sur. Aunque considera que las sanciones deberían ser más severas para garantizar su efectividad.

El grupo de rescate animal, próximo a constituirse como asociación civil, ha trabajado durante dos años en la atención de casos de maltrato, incluidas mutilaciones estéticas como corte de orejas y cola en distintas razas caninas por motivos meramente de apariencia.

“Desgraciadamente la gente no ha entendido que hay sanciones ya por ley que esto es maltrato animal. Las sanciones tienen que ser más severas para que la gente sepa y vea que estas sanciones se llevan a cabo porque muchas veces dicen: pues sí, pero nunca hacen nada, no nos multan. Que les duela. A la gente le tiene que doler para poder tener el cuidado”, expresó Araiza

La reforma propuesta modificaría el artículo 27 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos, especificando explícitamente actos prohibidos como el corte de cola, orejas, la sección de las cuerdas vocales, la extirpación de uñas y dientes, así como tatuajes o perforaciones que no tengan un fin médico en beneficio del animal.

“Considero que todos los puntos que vienen en la Ley son apropiados para nuestro estado. Sin embargo, para poder actuar cuando una persona haga este tipo de prácticas, necesitamos ser más firmes en cuanto a la implementación. Siento que nos quedamos cortos en el momento de tomar alguna sanción para cuando se lleven actos tan brutales como la mutilación y el maltrato animal”, señaló Araiza.

Según el Código Penal estatal vigente, quienes realicen actos de maltrato pueden recibir sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de cincuenta a cien días de salario. Si dichos actos provocan la muerte del animal, la pena aumenta a entre uno y tres años de prisión con multa de doscientos a cuatrocientos días, castigos que los rescatistas consideran insuficientes frente a la magnitud del problema que enfrentan diariamente en La Paz.