Ordena Tribunal al IEE redistribuir recursos

Los órganos electorales deben, garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía
 

Durante una sesión plenaria, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) presidido por la magistrada presidenta Betsabé Dulcinea Apodaca, resolvió a favor de Ramón Alejo Parra Ojeda, candidato independiente a gobernador, el juicio ciudadano promovido por él, en contra de los acuerdos del Instituto Estatal Electoral (IEE), referentes al financiamiento público y privado que se determina u otorga a las candidaturas independientes para el actual proceso electoral.

El candidato solicitó un estudio sobre la asignación de prerrogativas que realizó el órgano electoral local, ya que según su apreciación no fue la debida para quienes buscaron la vía independiente, pues deja en desventaja dichas candidaturas frente a los partidos, condición que resalta más en tiempo de pandemia.

En busca de una contienda equilibrada, expresó también que la capacidad para recibir un 10% de su tope de campaña en financiamiento privado, resultaba limitante. 

Al respecto el TEE concluyó en que la metodología del órgano electoral no garantiza los derechos humanos de los y las candidatos independientes a buscar cargos públicos, a ser votados y votadas, en condiciones de igualdad con los abanderados por organismos políticos. 

En sesión se explicó que del total del presupuesto asignado para candidaturas independientes, un tercio es para gubernaturas, otro para cargos municipales y el último para diputaciones, pero como en el actual proceso electoral no existen candidaturas para ayuntamientos y no hay una tesis que considere ese panorama por parte del IEE, el Tribunal determinó que el presupuesto total asignado, fuera repartido nuevamente entre las candidaturas independientes, en este caso, a favor de Ramó Alejo Parra como candidato a gobernador y a favor de quienes busquen una diputación.

Así mismo pidió que se revisara el financiamiento privado al que tienen derecho y recordó que las autoridades electorales son las encargadas de velar por los derechos político-electorales de la ciudadanía.