Urgen leyes que regulen el transporte en BCS

Las recientes manifestaciones por los socios conductores de la plataforma digital Uber, ha comenzado a generar molestia en los sectores económicos del destino. Desde la llegada de la aplicación al municipio, los transportistas, gobiernos y sobre todo Uber, se han enfrascado en un conflicto constante que ha comenzado afectar la imagen de Los Cabos.

Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), calificó en voz del sector empresarial como desafortunadas las acciones que están realizando los transportistas de Uber para hacer valer sus derechos. Enfatizó que la carretera Transpeninsular ya no debe utilizarse como un motín de presión hacia las autoridades, y con ello cumplir el objetivo de ser escuchados.

“La posición del Consejo no ha variado desde el primer día que hubo hace años un bloqueo similar a este por un grupo de transportistas, la posición es la misma. Es una posición de rechazo a estas medidas de índole de presión política que hacen algunos grupos para manifestar su inconformidad; sean justas o sean injustas. Más allá de que son justas o son injustas las posturas, no es el punto en este momento; no puede tomarse la cuatro carriles al aeropuerto como una forma de presionar a las autoridades“.

De acuerdo con el representante empresarial, “está situación nos demuestra una vez más que el Congreso se está quedando corto en las medidas y en la aplicación correcta de la ley” Reitero que la Ley de Movilidad no debe postergarse más; la modernización del transporte ya es una realidad.

“Esta situación nos demuestra una vez más que el Congreso se está quedando corto en las medidas y en las leyes que tienen que modificar de acuerdo a la modernidad y las exigencias que está nueva etapa nos está exigiendo en el mundo. No puede postergarse más ya, el que se revise la ley y que se le dé cabida a los que están manifestando de una forma de generar trabajo, y modernizar el transporte”.

En el caso de las autoridades encargadas de vigilar y hacer valer las leyes, deben ser personas que no se encuentren directamente involucradas en el conflicto o que pertenezcan alguno de estos grupos; debido a que solo provocan que se genere desconfianza, y que no exista un avance importante a la hora de entablar mesas de trabajo que buscan mediar el conflicto entre los transportistas, pidió Castillo Gómez.

“Se tiene que revisar muy bien las personas que están ejecutando la Ley de Transporte, para que estemos seguros todos que estas personas están completamente desvinculadas de cualquiera de las partes del conflicto. Si no de otra manera van a provocar que enrarecen el ambiente y se genere desconfianza entre los involucrados”.

Fue en 2018 cuando el exgobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis presentó al pleno del Congreso Local la Ley de Movilidad; la cual buscaba regular el tema del servicio de transporte a través de plataformas digitales. Desde ese momento, este tema se mantiene en la congeladora sin darle una solución cara y afectando a cientos de ciudadanos que no se les brindan opciones seguras de transporte.