Procuraduría de Protección al Ambiente podría costar casi 7 mdp
Alrededor de siete millones de pesos podría costarle al erario público la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente que, a decir de su iniciador en el Congreso del Estado, el diputado Fernando Hoyos Aguilar, no es una suma considerable que limite la creación de dicho órgano; el cual señaló es importante consolidar, pues ha sido un eterno pendiente con los sudcalifornianos y el cuidado ecológico.
Previo al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la XVI Legislatura, el diputado presentó una iniciativa para establecer una nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la media península, y como parte de ello crear una procuraduría encargada de fiscalizar asuntos de esta índole y realizar inspecciones en territorio.
“Tenemos que crear una procuraduría que vigile todo el estado en cuestiones ambientales sin el método científico, bajo el método común para primeramente detener un daño a la ecología y al medio ambiente y, después nos vamos al aspecto científico, ahora dime por qué y si se debe hacer o no se debe hacer”, reiteró.
El representante del décimo distrito de Comondú, recordó que legislaturas anteriores han intentado crear esta procuraduría sin éxito, y en esta ocasión, empezaron socializando el tema, además de que llevaban seis meses trabajando la iniciativa en conjunto con la Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Finanzas y Administración, ambas estatales, y otros sectores involucrados.
“Lo que hicimos fue más que como diputado presentar una ley; socializamos primero la ley con personas que ya conocen la materia, o sea no fue un trabajo de hacerlo como muchos dicen, ‘de las rodillas’ y presentar por presentar. Es un trabajo de seis meses que hemos trabajo igual con nuestro asesor Luis Martín Aguilar, el ingeniero Francisco Flores de Fomento Forestal, que ellos han trabajado en Semarnat y han visto la necesidad de la creación de esta ley”.
Hoyos Aguilar, añadió que continúan trabajando en la consolidación del proyecto y están usando de guía los modelos de la Procuraduría Ambiental que tienen en Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo y Colima.