Por más de 20 años, Juan Manuel Olachea Higuera, persona con discapacidad motriz, se ha dedicado a visibilizar y señalar los problemas de movilidad que enfrentan las personas en sillas de ruedas, adultos mayores o con alguna discapacidad visual, sin embargo, las administraciones municipales han hecho caso omiso a las peticiones que por ley deben trabajar.

A través de oficios, amparos y publicaciones en redes sociales, el ciudadano se ha manifestado ante el Ayuntamiento de La Paz, la dirección de Gestión Integral de la Ciudad y dirección de Inclusión para que trabajen en garantizar los derechos de la ley de inclusión.

“Yo soy una persona con discapacidad motriz. Tengo 24 años moviéndome en silla de ruedas de los cuales, los primeros años no toma en cuenta esto lo de la movilidad porque no conocía yo los derechos que tiene una persona con discapacidad, pero de hace 18 años empezamos la lucha […]

Lo mismo también lo que me perjudica en la silla de ruedas, las banquetas mal hecha rampa mal hecha la accesibilidad en tiendas, por ejemplo”.

Juan Manuel ha peleado contra las autoridades para que se respete la ley de inclusión, la que está vigente desde el 2014. Subrayó que en especial, la comunicación con la actual administración del ayuntamiento no ha sido buena, y no lo han recibido ni la alcaldesa, ni el secretario general y mucho menos la dirección de inclusión.

“Entonces, el tratar con gente, por ejemplo, con la dirección de Inclusión Municipal, son tan cerrados, son personas que no le interesa estar ahí en ese puesto no le dan seguimiento se enfocan más en otro rollo como andar dando conferencias, andar promoviendo los derechos humanos.

En realidad, yo soy más práctico. Voy y busco el problema y le presento el problema para que lo resuelva, pero no le gusta trabajar de esa manera a estos gobiernos”.

Obligados los Ayuntamientos a facilitar movilidad para personas con discapacidad

Por otro lado, los artículos 80, 81 y 82 de la Ley de Inclusión, mencionan que los gobiernos y municipios están obligados a proveer y gestionar ante concesionarios transporte público adaptado para personas con discapacidad. Desde el 2014 a la fecha, que ha levantado la voz en este tema, no ha habido avances significativos en el transporte paceño.

“Yo creo que le tiene que poner más atención Milena Quiroga Romero para que estos trabajadores de esta dirección y de la coordinación hagan un trabajo de campo, no a la oficina, porque yo como ciudadano le puedo hacer el trabajo de campo, llevar el reporte diciéndole: mira la rampa, el declive de la rampa debe tener esta medida, no la medida que quieran ustedes o que cualquier ingeniero quiera, entonces aquí hay que enfocarse más en las direcciones y poner personas indicadas que en realidad le interesa la inclusión”.

En 2018 se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un amparo, sin embargo, hasta la fecha no ha tenido avances, por lo que empieza a dudar de las propias autoridades.