BCS y Federación buscan prevenir la violencia de género
En el marco de la coordinación entre el Estado y la Federación en materia de seguridad y justicia, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las áreas del ramo, a fin de fortalecer de manera integral las acciones para prevenir la violencia de género, con especial atención a uno de los grupos mayormente afectados como lo son las mujeres y niñas, informó el secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro.
En encuentro encabezado por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío y la titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Tania Enríquez Mier, así como autoridades federales y estatales encargadas de atender este tema, se refrendó el compromiso de la administración estatal, de implementar políticas públicas que sienten las bases, para dar soluciones de fondo a esta problemática social.
Durante su intervención, el ejecutivo estatal señaló que erradicar este tipo de conductas, que atentan contra la integridad de las víctimas, es una preocupación del Gobierno del Estado, por ello, se atiende de manera conjunta e integral, con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada, a través de la recién puesta en marcha Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género: Párale a la Violencia.
Por su parte, Tania Enríquez reconoció las labores y esfuerzos que se realizan para combatir los delitos de violencia intrafamiliar, sexual y feminicidio; sin embargo, aún falta por hacer, razón por la que el Gobierno Federal, se viene a sumar a estas tareas, con único objetivo de reforzar la estrategia que se impulsa para disminuir en Baja California Sur, este fenómeno delictivo.
Entre los acuerdos establecidos, destacan el combate a la impunidad, fortalecer la investigación y prevención de adicciones, principalmente, en lo relacionado con drogas y alcohol, ya que son un factor presente en este tipo de delitos, promover la cultura de la denuncia, así como capacitar a los servidores públicos encargados de atender a las víctimas y a las instituciones, para que sus labores las realicen con perspectiva de género.