BCS sufre recorte histórico de 610 mdp: peligra infraestructura social en 2026

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se desploma y limita obras básicas en comunidades vulnerables
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Baja California Sur enfrentará en 2026 un recorte federal de 610 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun/FISM).

La reducción es histórica. En 2025 se ejercieron 935 millones, pero para 2026 el fondo bajará a solo 325 millones. Es decir, quedará con apenas una tercera parte de su capacidad.

Caída confirmada en el PPEF 2026

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) confirma una caída del 71.3% en el componente de Infraestructura Social del Ramo 33 (FAIS).

Para 2026 se proyectan 320.5 millones de pesos, muy por debajo de los 1,079.5 millones aprobados este año. Este desplome desarticula la planeación municipal de obras prioritarias.

Obras básicas en riesgo

Los recursos del FISM se usan para cubrir necesidades como:

  • Electrificación y alumbrado público.
  • Redes de agua potable y drenaje.
  • Construcción y mejora de vivienda.
  • Obras comunitarias en zonas marginadas.

Con el recorte, estos proyectos quedarán severamente limitados en los cinco municipios del estado.

Además, Los Cabos, Mulegé, Comondú y zonas agrícolas de La Paz serán los más golpeados, pues concentran la mayor demanda de infraestructura financiada con este fondo.

Reacciones de autoridades

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, advirtió que su municipio enfrentará una caída de hasta 75% en su capacidad de obra pública. Esto podría paralizar proyectos ya programados para 2026.

Por su parte, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío aclaró que los recursos para seguridad, salud y educación no están en riesgo. El recorte se dirige exclusivamente a infraestructura social municipal.

Una fórmula que castiga a BCS

La reducción no deriva de un recorte general del gasto federal. Surge de una modificación en la fórmula de distribución del FAISMUN.

Dos factores fueron clave:

  • Criterio indígena no aplicable. BCS no tiene comunidades indígenas nativas registradas oficialmente. Este elemento se volvió prioritario en la nueva fórmula.
  • Pobreza extrema mal contabilizada. Aunque la pobreza extrema aumentó de 6 mil a 10 mil personas entre 2022 y 2024, el incremento no fue considerado de forma correcta. La migración laboral hacia Los Cabos genera necesidades sociales que deberían ser compensadas y no penalizadas.

El gobernador calificó la situación como “un castigo injusto”. Recordó que BCS es el estado con menor pobreza del país, pero enfrenta carencias crecientes por población flotante.

Obras en incertidumbre

El recorte federal de 610 millones de pesos no elimina un programa social. Sin embargo, limita gravemente la capacidad municipal de llevar agua, luz y vivienda a comunidades vulnerables.

Finalmente, la viabilidad de cientos de obras dependerá de si la Federación cumple la promesa de apoyo extraordinario para 2026

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