Café jurídico y político

Foto: Milenio

La población de Baja California Sur se encuentra consternada por el trágico accidente vehicular ocurrido en días pasados, en el que perdió la vida un chef y padre de familia, quedando desamparados dos menores de edad.

Y para colmo, según la información que circula en redes sociales, el conductor que ocasionó el trágico accidente se comportó irrespetuoso, y de manera prepotente, impidió que se le practicaran estudios toxicológicos. De esto depende el tratamiento del hecho como homicidio doloso y consecuentemente, la proporcionalidad de la pena mediante sentencia.

Y ahora, es de esperarse que su defensa legal manifieste que no existe prueba alguna de que el conductor estuviera bajo el efecto de bebidas alcohólicas, o bien, que ésta fue obtenida de manera ilegal. Al día de hoy, no se tiene conocimiento de que la autoridad, primer respondiente o la representación social, hubiesen agotado oportunamente los medios legales para practicar dichos estudios según el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Por otro lado, en días recientes las redes sociales fueron saturadas con el hashtag #lordcanacintra, hecho lamentable en el que una persona de ocupación comerciante, fue agredida a golpes por un empresario, hasta que la víctima quedó inconsciente, hechos que ocurrieron mientras la víctima vendía pan desde su automóvil con ayuda de una bocina. Lo único que se sabe es que el agresor abordó un avión con destino a Jalisco.

En ambos casos existen señalamientos de que los posibles imputados cuentan con influencia y relaciones políticas, por lo tanto, la población sudcaliforniana tiene la percepción de que estamos ante dos posibles casos de impunidad. Ambos sucesos acapararon la atención de los medios de comunicación a nivel nacional.

Las redes sociales han sido un factor de cambio para reclamar justicia, como fue el caso del afroamericano George Floyd quien lamentablemente perdió la vida por las agresiones físicas de un policía. En este caso, los estadounidenses reclamaron justicia en las calles de Minneapolis, y sólo así accionó el aparato de justicia.

Lo mismo estuvo a punto de suceder en el accidente de tránsito en el que perdió la vida un padre de familia trabajador a manos de un conductor imprudente en la capital del Estado. 

¿Hasta cuándo vamos a ver que el brazo de la justicia alcance a todas las personas por igual?

El Congreso del Estado publicó el 7 de abril de 2020, el boletín de prensa número 138/2020 en el que anunció formalmente la aprobación por mayoría de votos de los diputados, del dictamen para crear la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California Sur en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, esto no ha ocurrido ni se ha designado al nuevo Fiscal General de Justicia en el Estado.

¿Por qué no se ha creado la Fiscalía General de Justicia del Estado? Porque el señor gobernador sostiene una disputa política con el Congreso Estatal y en consecuencia, determinó la no publicación de los decretos emitidos por el Poder Legislativo, por lo tanto, no surte efectos ninguna reforma legal y hasta que se resuelva la controversia, la impartición de justicia seguirá a cargo del Procurador de Justicia que fue nombrado por el Gobernador en turno.

Es lamentable que la ciudadanía sudcaliforniana tenga una percepción de que la impartición de justicia es selectiva o a discreción; y, aunado a lo anterior, tanto el Poder Judicial Federal como el Estatal, así como los cuerpos de seguridad pública como primeros respondientes de los hechos delictivos, no abonan a la solución de los problemas sociales y de impartición de justicia en los casos aquí expuestos.

Es momento de evaluar los resultados del mando mixto policial en el Estado y deslindar responsabilidades a nivel estatal y municipal en casos tan lamentables como los que aquí mencionamos.

Sobre todo lo anterior, la sociedad exige justicia mediante el correcto ejercicio de los cargos de elección popular.

Fb: Ramsés Puente.

Tw. @Ramses_Puente8