Juana Hilda González, absuelta en el Caso Wallace

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó casi dos décadas en prisión acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Esta resolución histórica reconfigura el controvertido Caso Wallace, al establecer que las pruebas clave del proceso fueron obtenidas mediante tortura.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros aprobaron el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se concluye que las confesiones atribuidas a Juana Hilda González fueron resultado de coerción, amenazas y actos de violencia física y psicológica. El fallo no solo exime a la mujer de toda responsabilidad penal, sino que expone graves fallos institucionales en uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas.

El Caso Wallace ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un montaje judicial, presuntamente orquestado por Isabel Miranda de Wallace, madre de la supuesta víctima, en complicidad con funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y otras autoridades. Coincidentemente, Miranda falleció hace unas semanas, en circunstancias aún no esclarecidas.

Según la sentencia, Juana Hilda González fue detenida en 2006 sin pruebas contundentes. Fue después de ser presionada en instalaciones de la PGR que se autoinculpó, narrando hechos que la ligaban al secuestro, asesinato y supuesta desaparición del cuerpo de Wallace. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que estas declaraciones carecen de valor legal por haber sido obtenidas bajo tortura.

La Corte también subrayó que, antes de la confesión, no existía ninguna prueba incriminatoria directa. Fue únicamente tras la autoinculpación que se hallaron supuestas evidencias, como una licencia de conducir y una gota de sangre, cuya aparición tardía y contexto son ahora considerados parte del montaje del Caso Wallace.

Durante su reclusión, Juana Hilda González denunció amenazas contra su familia y presiones que incluyeron amagos de violación por parte de agentes ministeriales. A pesar de esas denuncias, el sistema judicial dio validez a las pruebas y mantuvo su condena por casi 20 años, hasta que su caso llegó a la Suprema Corte.

El fallo representa un duro golpe a la Fiscalía General de la República, que intentó aplazar la votación bajo el argumento de que “no era el momento oportuno” para resolver un tema tan mediático. La Corte desestimó esos argumentos y optó por resolver de fondo, señalando que la justicia no puede postergarse ante presiones externas.

La liberación de Juana Hilda González abre la puerta a futuras revisiones en el Caso Wallace, incluido el de otros coacusados como Brenda Quevedo.