Condenan a seis hombres en Florida por traficar armas de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación

Seis hombres fueron condenados en Florida a penas de hasta 9 años de prisión por participar en una red de tráfico de armas de alto poder con destino a cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el líder de la organización era Ángel Velázquez Delgado, de 34 años, residente de DeLand, Florida. Él y otros cinco cómplices compraron armas en tiendas legales de Estados Unidos para enviarlas a México. En total, la red adquirió al menos 49 armas de fuego, muchas de ellas de uso militar, como rifles Barrett calibre .50 y rifles FN M249S, estos últimos fácilmente convertibles en ametralladoras.

¿Quiénes fueron los condenados?

• Ángel Velázquez Delgado (34 años): 9 años de prisión

• Jesús Hernández (32 años): 3 años y 10 meses

• Edgar Jiménez (30 años): 3 años

• Jesús Paulino (27 años): 2 años

• Jonathan Borja (23 años): 1 año y 6 meses

• Jesús Andrés (28 años): 1 año y 6 meses

Las autoridades informaron que algunos de los involucrados eliminaron los números de serie antes de enviar las armas a territorio mexicano. Una de ellas fue recuperada por las fuerzas de seguridad mexicanas tras un enfrentamiento armado ocurrido el 22 de marzo de 2023 en Zitácuaro, Michoacán, donde murieron dos personas. El arma, un rifle Barrett .50 modelo 82A1, fue comprada por Jesús Hernández meses antes.

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Armas de alto poder en manos del crimen organizado

Los rifles Barrett son capaces de perforar blindajes, vehículos y aeronaves. Por ello, explicó la ATF, son altamente valorados por grupos como el CJNG, considerado por las autoridades estadounidenses como una organización criminal transnacional violenta y designada incluso como organización terrorista extranjera.

“Desmantelar esta red de tráfico de armas en Florida es una gran victoria para la seguridad pública en México y Estados Unidos”, declaró Kirk Howard, agente especial a cargo de la ATF en Tampa.

Por su parte, el fiscal federal Gregory W. Kehoe añadió que su oficina seguirá persiguiendo penalmente a quienes pongan en riesgo la seguridad pública al facilitar armas a organizaciones delictivas.

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El caso fue investigado por múltiples agencias federales y locales, como la ATF, Homeland Security, la DEA y la Policía de DeLand, y forma parte del programa Project Safe Neighborhoods, que busca reducir la violencia con armas de fuego en comunidades de Estados Unidos.

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