Congreso BCS frena desafuero de Alondra Torres y Ariel Castro en sesión privada

El Congreso del Estado de Baja California Sur frenó el proceso de desafuero contra la diputada, Alondra Torres García, y el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal, Ariel Castro Cárdenas. Esto luego de resolver en sesión privada el rechazo al dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Dicha comisión había propuesto avanzar con el procedimiento legal solicitado por la Fiscalía Anticorrupción del estado, relacionado con un presunto daño al erario público. Sobre el tema, el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que el Poder Legislativo actuó dentro del marco jurídico al tratar el asunto de manera no pública y desestimar el dictamen que recomendaba continuar con el procedimiento.

“El Congreso tiene esa facultad de hacer reuniones secretas o privadas, no sé cómo le llamen. Jurídicamente están en su derecho. Yo anoche mismo me enteré del tema y van a regresar al Fiscal Anticorrupción el dictamen”, comentó Castro Cosío.

Durante la sesión realizada el jueves 10 de abril, los diputados votaron en contra del dictamen: nueve votos fueron en sentido negativo, siete a favor y una abstención. Esto cerró la vía legislativa para retirar el fuero tanto a la diputada como al subsecretario. El gobernador reiteró su postura sobre el papel del Congreso en este tipo de decisiones.

“Está en la cancha realmente del Poder Legislativo. Ustedes saben que he sido muy respetuoso. Me parece que todo el mundo sabe que respeto a los poderes, tanto al judicial como al legislativo”, añadió Castro Cosío.

La solicitud de desafuero fue enviada por la Fiscalía Anticorrupción el 21 de marzo de 2025, como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos por más de 14 millones de pesos durante la administración de Óscar Leggs Castro en el municipio de Los Cabos. En ese periodo, Alondra Torres se desempeñó como síndica y Ariel Castro como secretario general.

Por los mismos hechos, ya hay dos personas vinculadas a proceso penal. No obstante, los legisladores locales decidieron no continuar con el trámite de desafuero sin emitir una postura oficial.

AT