Congreso de BCS busca ‘planchar’ el dictamen de la Ley 3 de 3

Durante la primera mitad de febrero se presentaron ante el Congreso del Estado de Baja California Sur dos iniciativas para la creación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Una de ellas impulsada por las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros Ruiz y otra por la ciudadana Alma Margarita Oceguera Rodríguez. En este sentido, el diputado José María Avilés Castro informó que están trabajando en robustecer el dictamen, que habrá de presentarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

El diputado recordó que en la anterior legislatura ya había sido aprobada la Ley 3 de 3, la cual fue vetada por el entonces gobernador, Carlos Mendoza Davis. Indicó que, en contraste con el decreto que se aprobó en ese entonces, esta nueva propuesta contará con más puntos que eviten que los violentadores puedan burlarla. Para ello, están trabajando de la mano con el Poder Judicial.

“Incluso nos dijeron de boca del presidente que en la anterior legislatura jamás se les consultó para ver el asunto de la Ley 3 de 3 y ahora lo estamos haciendo de manera conjunta de tal suerte que, como se dice de manera coloquial, salga planchadito el dictamen”, mencionó.

El legislador resaltó que, de aprobarse tal como fue presentada, los violentadores que aspiren a cargos públicos tendrían la manera de ampararse para no presentar la carta de no antecedentes penales, por lo que están analizando la forma de evitar esto.

“Uno de los puntos que revisamos es que hay tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte en el sentido de que los antecedentes penales ya no pueden ser solicitados para inhabilitar a una persona porque, precisamente, el asunto de que una persona haya pagado una condena por X y Z delito y se le pida carta de antecedentes penales lo estigmatiza y es violatorio de sus derechos humanos y es discriminatorio”, resaltó.

Al respecto, apuntó que una alternativa sería reformar el Código Penal para que, además de la pena en prisión, se establezca que la persona sentenciada por violencia de género no podrá ejercer un cargo público por un tiempo determinado.