Construcción de nueva planta desalinizadora de CSL bajo esquema APP no significa privatización del servicio de agua: diputada Saldaña

• Invitada del Grupo Madrugadores de Los Cabos, dijo que el Gobierno de ninguna manera perderá el control del Organismo Operador de Agua, pero se requería que la iniciativa privada invirtiera en esta obra pública y solucionar un añejo problema en el municipio. Habló de las nuevas leyes que ha estado promulgando el Congreso como la del Sistema Estatal Anticorrupción

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Con la construcción de la nueva planta desalinizadora para Cabo San Lucas bajo el instrumento jurídico de la Asociación Público Privada (APP), en ningún momento se pretende privatizar el servicio, ya que el Gobierno no va a perder el control del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y con la ayuda de la iniciativa privada va a poder resolver el grave problema de falta del vital líquido en el municipio turístico, así lo informó la diputada local Guadalupe Saldaña Cisneros.

Al asistir a la reunión desayuno del Grupo Madrugadores de Los Cabos, la legisladora habló sobre las diversas leyes que ha estado promulgando la Legislatura actual entre ellas la ley de disciplina financiera, el Sistema Estatal Anticorrupción  y la Ley de Asociaciones Público Privadas, que reiteró, ha estado muy cuestionada, pero que aprobaron con toda responsabilidad.

Sobre el tema de la APP, la Legisladora planteó que esta ley permite que la iniciativa privada invierta en temas públicos, que es lo que va a pasar con la nueva desalinizadora,  con un esquema de APP y ya cuentan con un instrumento jurídico que le dé certeza al empresario y al Gobierno también de cómo invertir juntos en algún servicio, donde el Gobierno no tiene capacidad para llevarlo a la ciudadanía, como el caso de la desalinizadora.

“Es un proyecto para resolver el problema que tenemos ahorita, que a como va el ritmo de crecimiento en Los Cabos es normal que nos vayamos desfasando de este tipo de situaciones; cuando llegó la anterior desalinizadora se resolvió el problema en un 80 por ciento y con esta nueva planta se pretende cubrir al cien por ciento la demanda y será  bajo la Ley de Asociación Público Privada que el Congreso aprobó cómo se echará a andar el proyecto y al ritmo en que está creciendo el municipio hay que hacer valer el tema del Instituto Municipal de Planeación e ir viendo cómo asegurar la dotación de este vital servicio y dar respuesta a las demandas ciudadanas”, refirió.

Aseguró que no se trata de una privatización, el Gobierno no perderá el control del Organismo Operador y es algo que ha planteado el Alcalde así como el director de la dependencia de agua, por lo que el Congreso será vigilante de que el esquema sea así y que el Gobierno no pierda el control del Organismo Operador.

Reiteró que esta ley permite que los servicios que por falta de recursos el Gobierno no puede otorgar, una empresa pueda hacerlo y aplica en todo el país, Baja California Sur era uno de los  tres estados en el país que no la tenían y es a través de esta ley como han construido segundos pisos viales, hospitales y en Los Cabos será la desalinizadora.

Con esa Asociación Público Privada que es un bien que queda para el municipio, lo administra durante algún tiempo una empresa privada pero sin que el Gobierno pierda el control y ya en la licitación se establecen las reglas para que éste siga teniendo participación en los temas del servicio público, en este caso en el tema del agua.

Incluso citó que la anterior desalinizadora se construyó bajo un esquema similar a la APP, sólo que no tenían ese instrumento y ahora sí se cuenta y un ejemplo de que no se va a privatizar el servicio del agua es que está operando sin ningún problema la primera planta, el único tema es que pretenden resolver un problema de política pública que es lo principal que la gente de Los Cabos está demandando, como es el abastecimiento del vital líquido.

Durante su exposición ante el Grupo Madrugadores de Los Cabos, aseguró que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información sí dará resultados, pues proyecta cambios sustantivos que se darán poco a poco, porque ahora la ley obliga a dar información y hay procedimientos contra el servidor público si no cumple, si ha habido cambios y poco a poco esos avances que se tienen va a ir amarrando las manos de la gente que no quiere ejercer esa transparencia en los asuntos del manejo de recursos públicos y del servicio público.

En cuanto al paquete de disciplina financiera dijo que el Estado ya está trabajando bajo este esquema y para el 2018 se aplicará en todos los municipios de la entidad.

Habló también de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, también aprobada por el Congreso local, sobre la Ley de Desarrollo Social que viene a poner orden a la asistencia y nace de un estudio que arrojó que gran parte del recurso del Gobierno iba para asistencia social pero no bajaban los indicadores de pobreza extrema, es decir, bajaban apoyos pero no había impacto, por lo que esta ley obliga a tener un padrón de beneficiarios que lo están creando en coordinación con los municipios para enfocar bien los recursos y esto ayude a reducir esos indicadores de pobreza que tiene registrados el municipio.

El Sistema Anticorrupción a nivel federal se está implementando también en el estado, en diciembre aprobó el Congreso la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo evaluado el trabajo de la legislatura en este tema y se concluyó que el estado tiene foco verde porque se ha abocado a realizar las modificaciones de manera completa, cuando en otros estados la han ido trasquilando en los asuntos que incomodan a los políticos, mientras que en el estado la han emitido de manera completa, todo lo que marca la ley y ya se está trabajando en varias leyes como la de fiscalización para el estado, que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Resaltó que hay  un comité coordinador de este sistema y lo encabeza un  ciudadano, hay convocatoria abierta para un comité de selección que marca la ley y también es ciudadano, es decir este sistema garantiza la participación ciudadana, cambia varios asuntos sobre el ejercicio de recursos y control del gasto, hay una fiscalía especial para delitos de servidores públicos que antes al año prescribía, y ahora prescribe a los 5 años para delitos no graves y a los 7 años para delitos graves. El asunto de los tiempos es lo más destacable de este sistema y toda la normatividad para que se puedan regular y vigilar a los gobiernos y poner orden al tema de recursos y programas.

En las preguntas algunos madrugadores expusieron sus inquietudes en relación a que el Sistema Nacional Anticorrupción es una simulación, porque  no cuenta con un fiscal independiente y tal parece que la consigna de todos los políticos en este país es la de “pagaos los unos a los otros”, esa es la percepción ciudadana, no se avanza en el tema de quitar el fuero a los funcionarios, además dijeron que el Sistema Anticorrupción es discriminatorio porque exige título de la persona quien presida al Comité Ciudadano.

Insistieron en la urgencia de eliminar el fuero y que los ciudadanos sepan y observen que el cometer ilícitos, prácticas corruptas, llevará a los servidores públicos a la cárcel.

También comentaron los madrugadores que tantas modificaciones en la ley y en la Constitución en nada ha ayudado, porque entre más reformas más casos de funcionarios que faltan a su moral y ética y no pasa nada en este país, por lo que se requieren de acciones contundentes para que los ciudadanos empiecen a creer que este sistema sí eliminará las viejas y dañinas prácticas de servidores públicos y acabará con la corrupción.

De nada sirve que apliquen tantas reformas a las leyes, cuando lo que deben hacer es que se respeten leyes y reglamentos y se castigue a funcionarios a quienes se les detecte cometiendo actos ilícitos y de afectación al erario público.